El Pleno municipal de L'Hospitalet de Llobregat ha aprobado una moción para reclamar a la Generalitat de Catalunya y al Parlament reformas normativas que permitan a los ayuntamientos disponer de más herramientas para intervenir ante establecimientos de restauración, actividades recreativas musicales y locales de ocio nocturno que acumulen incumplimientos graves y reiterados y afecten la convivencia, el descanso vecinal y la seguridad ciudadana. La iniciativa ha sido presentada por el grupo municipal del PSC y ha contado con el apoyo de ERC-EUiA, PP y LHECP-C y el voto en contra de VOX.
La iniciativa parte de la constatación de que, en municipios densos como L'Hospitalet, algunos conflictos vinculados a establecimientos de pública concurrencia no son situaciones puntuales, sino problemáticas que pueden tener impacto en la calidad de vida de los vecinos. También subraya que esta realidad no define el conjunto del sector de la restauración, que mayoritariamente actúa con responsabilidad, pero defiende la necesidad de actuar con más eficacia ante los casos reincidentes.
El balance de las actuaciones del Plan Nautilus durante los años 2025 y 2026 refuerza esta diagnosis. En este período, la Oficina de Sanciones ha cerrado un total de 142 expedientes vinculados al control y seguimiento de las actividades de pública concurrencia, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la normativa, la seguridad de los establecimientos y la convivencia ciudadana.
Del total de expedientes finalizados, 108 corresponden a medidas correctoras y 34 a expedientes sancionadores, lo que pone de manifiesto la voluntad municipal de priorizar la corrección de las deficiencias detectadas y la regularización de las actividades antes de recurrir a medidas sancionadoras.
Las actuaciones se han concentrado principalmente en establecimientos de restauración y otras actividades de pública concurrencia, especialmente en cuestiones relacionadas con las condiciones de seguridad, el control del ruido y de las emisiones acústicas, la extracción de humos, el cumplimiento de los horarios autorizados y la adecuación de las actividades a la normativa vigente.
En los casos de incumplimientos de mayor gravedad o reiteración, se han impuesto 15 sanciones con cierre temporal y sanciones económicas por un importe global de 140.003 euros. Asimismo, se han acordado 55 medidas provisionales para garantizar de manera inmediata la protección de las personas y minimizar las afectaciones sobre el entorno, como ceses temporales de actividad, limitaciones de fuentes acústicas, restricciones sobre determinados elementos de la actividad y limitaciones horarias.
En este contexto, la iniciativa señala que los ayuntamientos ya ejercen funciones de control, inspección y disciplina sobre estos establecimientos, pero constata que la gestión de estas situaciones evidencia que las herramientas actuales son, en muchos casos, limitadas para abordar problemáticas de carácter estructural. En este sentido, apunta que los cierres temporales o cautelares no siempre comportan un cambio real en el funcionamiento de los locales y que, una vez reabiertos, se pueden reproducir las mismas dinámicas que habían generado los conflictos.
Entre los acuerdos aprobados, el Pleno insta al Gobierno de la Generalitat a promover una modificación normativa que permita la retirada definitiva de licencias en supuestos de incumplimientos graves y reiterados. También reclama al Parlament reformas legislativas para simplificar los procedimientos administrativos, reforzar la autonomía municipal en materia de disciplina de actividades y permitir, en casos acreditados de reincidencia, el traslado de licencias a otras zonas de la ciudad.