Durante los primeros siete días desde que se puso en marcha la nueva ordenanza de convivencia, vigente desde el 15 de febrero, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha tramitado un total de 982 denuncias. Esta cifra ha sido comunicada este miércoles por el consistorio en el transcurso de la primera reunión de la mesa de seguimiento, donde participan todos los grupos municipales.
Del conjunto de infracciones registradas, destaca que un 36%, es decir, 357 denuncias, se han impuesto por consumo de alcohol en espacios públicos. Por otro lado, el consumo inadecuado o micciones en la vía pública representan otro importante volumen con un 20%, equivalente a 199 sanciones.
Además, se han contabilizado hasta 307 actas por venta ambulante ilegal, lo que supone un 31% del total. De estas, cabe destacar que 226 corresponden a abandono de mercancías. Otras infracciones son las relacionadas con la degradación visual del paisaje urbano (64 casos, un 7%) y el uso inadecuado de los espacios públicos (45 sanciones, un 5%).
La ordenanza y sus novedades para combatir el incivismo
El Ayuntamiento pone énfasis en que estos datos son representativos de los principales ámbitos donde actúa esta normativa, especialmente respecto a cuestiones como el ruido, la alcoholización en las calles, las necesidades fisiológicas fuera de los lavabos y el deterioro de los entornos públicos.
El equipo municipal recalca que esta regulación está pensada para adaptarse a las "realidades actuales" que vive Barcelona e incorpora instrumentos renovados para "combatir el incivismo, reforzar la corresponsabilidad y agilizar los procedimientos sancionadores".
Mecanismos y medidas incluidas en la nueva ordenanza
Esta actualización normativa contempla una revisión de los importes económicos asociados a las sanciones así como criterios agravantes cuando se produzcan afectaciones graves al descanso o a la convivencia ciudadana. También se ha previsto establecer procesos más rápidos para el cobro a los infractores no residentes.
Por otro lado, se hace una apuesta clara por intensificar las acciones pedagógicas y preventivas mediante informadores desplegados directamente en la calle y campañas específicas orientadas a concienciar sobre estas conductas. Finalmente, se introducen alternativas a las multas destinadas especialmente a los colectivos vulnerables.
