El Gobierno ha aprobado este martes un primer paquete de medidas urgentes para dar apoyo a los vecinos, comercios y otros operadores económicos afectados por el socavón relacionado con las obras de la L9 en el barrio del Putxet, en Barcelona. El Ejecutivo utilizará recursos del Fondo de Contingencia para avanzar dinero a los particulares antes de que se resuelvan las futuras indemnizaciones o ayudas, mientras que los negocios podrán acceder a la línea Emergencias del Institut Català de Finances (ICF) para obtener liquidez en condiciones preferentes.
El Consejo Ejecutivo ha autorizado transferencias del Fondo de Contingencia para financiar estos pagos anticipados a los particulares afectados. Los anticipos se entregarán a cuenta de las indemnizaciones o ayudas que se puedan conceder más adelante y tienen como objetivo aliviar los gastos derivados del incidente.
En paralelo, el Gobierno ampliará la cobertura de la línea Emergencias del ICF para que también puedan acceder los comercios, empresas y otros operadores económicos afectados por las obras de la L9. Esta herramienta, creada el pasado octubre, ofrece financiación en condiciones preferentes a empresas que deben hacer frente a desperfectos o perjuicios ocasionados por una emergencia.
Según la Generalitat, esta ampliación debe permitir cubrir las necesidades de financiación de los negocios y garantizar su liquidez ante el impacto que el socavón, el desalojo de los edificios y las restricciones de acceso han tenido sobre la actividad económica de la zona.
Sin límite cerrado para los anticipos
En la rueda de prensa posterior al Consejo Ejecutivo, la consejera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha explicado que los anticipos no tendrán una cantidad máxima prefijada. Según ha señalado, tanto la línea de financiación del ICF como los adelantos con cargo al Fondo de Contingencia "están abiertos" y se irán ampliando en función de las necesidades.
Una oficina gestionada conjuntamente por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona será la encargada de evaluar cada caso, verificar los gastos justificados y determinar los importes de los anticipos. Este dinero se descontará posteriormente de las indemnizaciones que se fijen una vez se hayan determinado las responsabilidades del incidente.
Paneque ha defendido que la administración debe priorizar la atención a los afectados y determinar después las responsabilidades económicas. "La administración debe articular primero las ayudas y determinar después “quién paga qué”", ha afirmado.
Entre los gastos que se podrán justificar se encuentran los relacionados con el realojamiento, el transporte, la movilidad y otros costes cotidianos derivados de no poder residir en el domicilio habitual. En el caso de los establecimientos comerciales, también se tendrán en cuenta los días de cierre, la facturación perdida y los posibles lucros cesantes.
Evolución favorable de los edificios afectados
El socavón se detectó la madrugada del 7 de julio, cuando los sistemas de auscultación registraron movimientos anómalos. Durante una inspección posterior, los técnicos localizaron una cavidad en un patio de manzana a la altura de la calle Rubinstein.
Desde entonces, técnicos de la constructora y equipos de asistencia técnica, bajo la supervisión de Infraestructures.cat, han inspeccionado los inmuebles afectados. Según el Govern, hasta ahora no se han detectado daños estructurales.
Esta semana han comenzado a regresar a sus viviendas los residentes de dos de los ocho edificios desalojados. Concretamente, ya han podido acceder a los números 56 y 58 de la calle de Sant Gervasi de Cassoles, que suman once viviendas y cuatro locales comerciales.
En cuanto a la finca del número 54, Paneque ha indicado que necesitará al menos una semana más de monitorización porque las lecturas de los aparatos de control se iniciaron más tarde.
La consellera ha asegurado que los datos de seguimiento evolucionan favorablemente y que no se han detectado afecciones estructurales graves en ninguno de los edificios. Aun así, ha insistido en que el regreso de los residentes solo se autorizará cuando los técnicos certifiquen plenamente la seguridad de los inmuebles. "No debemos confundir estas medidas con una precipitación en el realojamiento", ha advertido.
Mientras tanto, continúan los trabajos de inyección y consolidación del terreno en la zona de la cavidad, mientras la tuneladora se mantiene parada de forma preventiva para evitar que su funcionamiento altere las lecturas de los sistemas de monitorización.
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