La Policía Nacional ha procedido a la expulsión del Estado de 21 individuos extranjeros que operaban en la ciudad de Barcelona y su área metropolitana, todos en situación administrativa irregular. Este grupo acumula más de ciento setenta antecedentes policiales relacionados principalmente con delitos contra el patrimonio, incluyendo robos con fuerza, con violencia o hurtos. También figuran infracciones contra la salud pública, detenciones ilegales y tentativas de homicidio.
Además, siete de estos expulsados tienen antecedentes por malos tratos en el ámbito familiar y otro por agresión sexual. Varias detenciones se han realizado dentro del marco del plan Kanpai de los Mossos d'Esquadra, orientado a combatir la multirreincidencia.
La ejecución de estas medidas se ha llevado a cabo según la legislación vigente sobre extranjería, coordinándose desde la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. Para garantizar las repatriaciones fue imprescindible obtener los decretos correspondientes emitidos por la Subdelegación del Gobierno u órdenes judiciales específicas.
Así mismo, los agentes tuvieron que solicitar permiso a los diferentes juzgados donde estas personas tenían procesos pendientes. También se efectuaron gestiones diplomáticas para tramitar la documentación oficial de los afectados mediante sus respectivos consulados.
Centro de internamiento y dispositivo logístico
Diversos implicados estaban internados en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Barcelona, mientras se resolvían los trámites administrativos. Otros fueron detenidos expresamente para asegurar su expulsión efectiva del territorio nacional.
Una vez conseguidas todas las autorizaciones judiciales e identificativas, se organizó un dispositivo especial que trasladó a los detenidos hasta Madrid. Allí, la Unidad Central de Repatriaciones, dependiente de la Comisaría General de Extranjería, asumió el control.
Efectivos implicados y colaboración con Mossos d'Esquadra
Todos los trámites han sido asumidos por los miembros de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Barcelona, junto con agentes provenientes de las comisarías locales de Cornellà y Manresa.
Esta operación ha contado con una estrecha colaboración del cuerpo de los Mossos d'Esquadra, que ha contribuido a localizar a varios ciudadanos extranjeros objeto de expulsión. Gracias a esta coordinación interinstitucional, se ha podido ejecutar la expulsión de los individuos en menos de setenta y dos horas.