El grupo metropolitano de En Comú Podem ha presentado sus alegaciones a la Modificación puntual del Plan General Metropolitano (MPPGM) para nuevos ámbitos de actividad económica en el Delta del Llobregat, un trámite aprobado inicialmente el pasado 17 de junio por el Consejo Metropolitano y que afecta a los municipios de Gavà, Viladecans y Sant Boi de Llobregat.
En el periodo de alegaciones, que concluyó el pasado 1 de octubre, los Comunes han formalizado su rechazo a una propuesta que, según defienden, “pone en riesgo el futuro de un espacio natural clave para la lucha contra la emergencia climática y para la preservación del patrimonio natural metropolitano”.
Desde En Comú Podem, se advierte que la modificación reproduce miméticamente el PDU de Actividades Económicas, anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña en 2020, sin incorporar los nuevos marcos legales y ambientales derivados de la crisis climática y de la ampliación de la Red Natura 2000 y la ZEPA del Delta, aprobada en el año 2024.
“El Delta del Llobregat es uno de los espacios más valiosos y más frágiles de nuestro territorio. No puede ser moneda de cambio para más especulación urbanística o logística. Es necesario garantizar su protección y restauración como pulmón verde y corredor biológico de referencia internacional”, ha defendido la portavoz del grupo metropolitano Ascen Ratia.
Entre las principales alegaciones presentadas, los Comunes subrayan que la modificación “no responde al interés general, ya que sustituye suelos agrícolas y de equipamientos por usos logísticos y turísticos”; “incumple las obligaciones europeas de protección ambiental y restauración del Delta, sin contemplar la nueva delimitación de espacios ZEPA del Delta” y podría generar “impactos indirectos muy graves sobre ecosistemas y conectores ecológicos, especialmente en la Riera dels Canyars y en la Riera de Sant Climent”.
Se ignora la amenaza de la ampliación del aeropuerto
En sus alegaciones, el grupo metropolitano de En Comú Podem también alerta de que la propuesta de modificación “no integra las obligaciones de restauración y protección ambiental recogidas en sentencias y declaraciones de impacto ambiental vinculadas al aeropuerto de El Prat y otras infraestructuras”. En este sentido, afirman que esta operación urbanística podría derivar en sanciones europeas y recuerdan que aún no se han cumplido las compensaciones ambientales pendientes de la Declaración de Impacto Ambiental de la ampliación del aeropuerto de 2002.
“Nuestro compromiso es claro: el Delta no se toca. Hay que protegerlo, ampliar sus espacios naturales, garantizar la viabilidad del Parque Agrario y cumplir con las directivas europeas de biodiversidad y de lucha contra el cambio climático”, insisten desde los Comunes.