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Olga, una vecina de L'Hospitalet de Llobregat de 54 años, murió por suicidio el pasado 7 de septiembre, cinco meses después de ser desahuciada del piso del barrio de Santa Eulàlia donde había vivido durante más de dos décadas. Era madre de dos hijas, una de las cuales menor de edad.
La familia, las amistades y el sindicato de vivienda del barrio denuncian que la mujer no recibió una alternativa residencial adecuada después de perder su casa. También reclaman que se investigue la actuación de las administraciones y alertan de las consecuencias que puede tener la inseguridad residencial sobre la salud mental.
EL PROTOCOLO ANTISUÏCIDI ES VA ACTIVAR ABANS DEL DESNONAMENT
El desahucio estaba programado para el 15 de abril. La noche anterior, después de que Olga manifestara la intención de quitarse la vida, se activó el protocolo antisuïcidi y fue trasladada de urgencia al Hospital de Bellvitge.
Su abogado pidió al juzgado que suspendiera el lanzamiento ante esta situación, pero la ejecución continuó adelante. Según la versión del sindicato de vivienda recogida por SER Catalunya, el magistrado consideró que la familia estaba actuando de mala fe. No ha trascendido públicamente la versión del juzgado sobre esta afirmación.
D’UNA HIPOTECA A UN LLOGUER SOCIAL
Olga había comprado la vivienda más de veinte años atrás mediante una hipoteca contratada con el Banc Sabadell. Después de separarse y perder el trabajo, dejó de poder asumir las cuotas.
Ante esta situación, llegó a un acuerdo con la entidad financiera: el banco se quedaba con el piso y ella podía continuar viviendo allí mediante un alquiler social. Este régimen se mantuvo hasta que el inmueble pasó a manos de Promontoria Real Estate, que posteriormente impulsó el proceso para recuperar la vivienda.
La familia y el sindicato aseguran que consiguieron aplazar temporalmente el desahucio, pero que el procedimiento se reactivó después de decaer la moratoria estatal que protegía a determinadas familias vulnerables.
EL FINAL DE LA MORATÒRIA ANTIDESNONAMENTS
La protección, creada durante la pandemia, permitía suspender algunos desahucios cuando los servicios sociales acreditaban una situación de vulnerabilidad y un juez autorizaba su aplicación. El Congreso rechazó la continuidad del denominado escudo social con los votos contrarios del PP, Vox y Junts.
El fin de la moratoria provocó movilizaciones de los sindicatos de vivienda, la PAH, UGT y CCOO, que advirtieron que decenas de miles de familias vulnerables podían volver a quedar expuestas a procedimientos de desahucio.
En el caso de Olga, su entorno responsabiliza al fondo propietario y a las instituciones de no haber evitado que quedara sin una solución residencial. Estas acusaciones corresponden a la versión de la familia y del sindicato; SER Catalunya no recoge ninguna respuesta de las administraciones, la entidad bancaria o la empresa propietaria.
Si tú o alguien de tu entorno necesita ayuda, podéis llamar al 061 Salut Respon. En una emergencia inmediata, hay que llamar al 112.
