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Decenas de familias del Bosc d’en Vilaró viven pendientes del futuro de sus casas. Esta urbanización situada en la sierra de Marina, principalmente dentro del término de Montcada i Reixac y en una pequeña parte de Badalona, se encuentra en suelo no urbanizable y protegido, lo que ha derivado en expedientes que obligan a restaurar el entorno y derribar viviendas.
Algunos de los afectados, que residen allí de forma permanente desde hace quince o veinte años, ya han recibido órdenes de derribo y embargos para cubrir los costes. El Ayuntamiento de Montcada asegura que está obligado a ejecutar las resoluciones judiciales, pero reconoce la existencia de un “drama social” y trabaja con otras administraciones para intentar encontrar una alternativa.
Una urbanización que comenzó en los años sesenta
Los terrenos del Bosc d’en Vilaró se empezaron a parcelar a mediados de los años sesenta. Inicialmente, se utilizaban principalmente como huertos y espacios de fin de semana, pero con el paso de los años se construyeron viviendas que en muchos casos acabaron convirtiéndose en primeras residencias.
El problema es que el planeamiento urbanístico ya consideraba estos terrenos forestales y no urbanizables. Posteriormente, la protección de la sierra de Marina reforzó las restricciones sobre cualquier construcción o ampliación.
A pesar de ello, en 2004 una revisión catastral comportó que algunos de los propietarios empezaran a pagar IBI urbano. El mismo Ayuntamiento admite ahora que se trata de una anomalía, ya que considera que el tributo que correspondería es el de naturaleza rústica, y abre la puerta a los vecinos a reclamar los importes abonados indebidamente.
Un centenar de expedientes y 18 avalados por los juzgados
El consistorio empezó a abrir expedientes de disciplina urbanística en 2006. Algunos caducaron con los años, pero varios se reabrieron a partir de 2020.
Del centenar de expedientes iniciados, unadieciocho ya disponen de resoluciones judiciales que avalan la restauración de la legalidad urbanística. Esto implica, en última instancia, el derribo de las edificaciones y el retorno de los terrenos a su estado forestal.
“El consistorio no tiene otro posicionamiento que cumplir la legalidad”, explica el coordinador general del Ayuntamiento, Carlos Badel, que advierte que no ejecutar las resoluciones podría acarrear responsabilidades para la administración.
A pesar de ello, los procedimientos administrativos se encuentran ahora en una situación de pausa mientras se buscan posibles alternativas.
Embargos de decenas de miles de euros
Entre las afectadas se encuentra Pilar Pla, que vive desde hace quince años en una casa construida por sus padres en un terreno adquirido en los años setenta.
Después de haber pagado anteriormente una multa de 6.000 euros por haber edificado sin permisos, recientemente recibió una orden de derribo y un embargo de 37.000 euros. El procedimiento se ha detenido temporalmente y el dinero le ha sido devuelto mientras se estudia una posible solución.
“Si me echan de casa, no tengo dónde ir”, lamenta.
Una situación similar vive Llorenç Arrojo, residente en la zona desde 2009. Unas obras de ampliación derivaron en un expediente que prevé unos costes de derribo de 20.000 euros, de los cuales ya se le habían embargado 4.000.
Los vecinos reclaman poder mantener las casas
Los residentes defienden que la imposibilidad de hacer cualquier obra también está provocando problemas de seguridad. Aseguran que no pueden actuar legalmente sobre muros, taludes o viviendas cuando aparecen desperfectos, incluso después de episodios de lluvias y desprendimientos.
Por su parte, el Ayuntamiento considera muy difícil legalizar completamente la urbanización. El consistorio señala que el 95% de las viviendas se encuentran en zonas con pendientes superiores al 20%, que las parcelas presentan una configuración complicada y que adecuar las calles exigiría una inversión millonaria.
Por ello, la posible salida pasa por una modificación legal que requeriría la participación de administraciones superiores.
Los vecinos reclaman, como mínimo, una fórmula que impida construir nuevas viviendas, pero que permita a los actuales residentes continuar viviendo allí y hacer las actuaciones necesarias para conservar sus casas.
“Queremos que nos dejen vivir, reparar y arreglar nuestras viviendas para que podamos vivir cómodamente”, resumen los afectados.
