El 26 de febrero, el Pleno de la Diputació de Barcelona ratificó la adhesión institucional al manifiesto ‘Avanzar hacia municipios más habitables y saludables’, un compromiso que representa un paso significativo en la apuesta por una transformación urbana orientada a la sostenibilidad ambiental y social.
El acuerdo fue firmado por Marc Serra, presidente delegado del Área de Acción Climática y Transición Energética de la Diputación, junto con Juan Ortiz, director general de la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), entidad promotora de la iniciativa Clean Cities en España, y con Carmen Duce, coordinadora estatal de esta campaña.
Marc Serra subrayó que esta adhesión «reafirma el compromiso firme de la Diputación con los objetivos vinculados a la descarbonización, así como con la justicia social y las políticas integrales para una transición urbana sostenible». Además, destacó que se trata de una «oportunidad histórica» para consolidar el apoyo a los gobiernos locales en este ámbito.
La acción forma parte del marco estratégico establecido por el Plan de Actuación del Mandato 2024-2027, donde se prioriza el papel intermediario que ejerce la corporación provincial frente a los retos derivados del cambio climático, especialmente en relación con el apoyo técnico y político a los municipios.
Juan Ortiz, representante de ECODES, puso énfasis en el valor que aporta la adopción de este manifiesto por parte de instituciones relevantes como la Diputación: «Es imprescindible que gobiernos locales compartan una visión común orientada a garantizar espacios urbanos saludables», afirmando que «la mejora sustancial de la calidad atmosférica debería ser una prioridad absoluta dado su vínculo directo con enfermedades graves».
Por otro lado, Carmen Duce incidió en que «las ciudades deben impulsar acciones encaminadas a recuperar espacios públicos accesibles para todas las edades, fomentar modalidades activas de movilidad así como transporte público eficiente, garantizando reducciones significativas tanto en contaminación atmosférica como en emisiones de los gases de efecto invernadero».
Ejes principales del manifiesto: movilidad sostenible, calidad del aire y renaturalización urbana
El documento promovido por organizaciones como ECODES, Ecologistas en Acción, ConBici o IS Global estructura sus compromisos en torno a tres líneas estratégicas:
- Reducción significativa de los niveles contaminantes generados por el transporte: priorizando movilidad activa (peatones y ciclistas), transporte público accesible y renovando flotas hacia vehículos eléctricos; paralelamente se propone limitar el uso del vehículo privado motorizado.
- Mejora sustancial de la calidad atmosférica: mediante zonas urbanas con restricciones al tráfico motorizado, creación de áreas sensibles específicas e implementación de un modelo sostenible para la distribución logística urbana.
- Transformación verde de los espacios urbanos: incluyendo medidas como convertir al menos un 30 % de los pavimentos asfálticos actuales en zonas verdes mediante plantaciones arbóreas destinadas a contrarrestar los efectos adversos del cambio climático.
De acuerdo con datos recogidos por el manifiesto, más del 68 % de los espacios públicos urbanos están dedicados exclusivamente a los vehículos motorizados. Esta situación obliga urgentemente a replantear tanto los sistemas habituales de movilidad como la organización física de los entornos donde habitamos. El texto pone especial énfasis en que «respiramos aire contaminado más de 20.000 veces diarias sin opción real de elección», situando así las emisiones contaminantes vehiculares como una emergencia sanitaria pública crítica.
La adhesión al manifiesto refleja una clara coincidencia entre los objetivos planteados por los firmantes y las líneas maestras definidas dentro de las estrategias corporativas provinciales relacionadas con movilidad sostenible, mejora ambiental local y recuperación ecológica de los núcleos urbanos. La Diputación enfatiza también que tanto ayuntamientos grandes como pequeños son actores fundamentales no solo para preservar el bienestar físico de los ciudadanos sino también por los beneficios sociales y económicos vinculados al desarrollo sostenible.
Asimismo, se pone sobre la mesa la necesidad imperativa de avanzar hacia modelos participativos basados en consensos amplios donde gobiernos locales compartan responsabilidades conjuntas ante los desafíos globales derivados del cambio climático.