El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha defendido este martes desde Madrid que la regulación de los alquileres en la capital catalana “está funcionando” y empieza a dar resultados positivos. En una comparecencia ante los medios antes de intervenir en el Senado, Collboni ha asegurado que la aplicación de la ley de vivienda ha permitido detener la subida de los precios del alquiler sin reducir la oferta de pisos.
El alcalde ha recordado que la primera decisión que tomó al asumir el cargo fue declarar Barcelona zona tensionada, hecho que permitió aplicar el tope a los precios. “Nuestro modelo funciona y lo que recomiendo es que se aplique la ley”, ha afirmado, preguntado por la posición del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.
En este sentido, Collboni ha remarcado que Madrid y muchas otras ciudades gobernadas por el PP pueden aplicar la ley si quieren. “Ahora Madrid puede aplicar la ley. Muchas ciudades gobernadas por el PP pueden aplicar la ley, si quieren”, ha dicho, insistiendo en que son los ayuntamientos los que deciden si regulan el mercado del alquiler o si prohíben los pisos turísticos.
“Es importante que todos los alcaldes sepan que la regulación empieza a dar frutos”, ha insistido, antes de añadir que “la no regulación es lo que nos ha traído hasta aquí”. Por eso, ha reclamado “tomar decisiones valientes y decididas para parar la espiral de precios”, defendiendo que el modelo de Barcelona “es más justo”.
Según Collboni, gracias a la aplicación de la ley, los precios del alquiler han bajado un 4,9% en el último período, sin que esto haya conllevado una reducción de la oferta. Al contrario, ha indicado que actualmente hay 1.150 pisos más de alquiler que al inicio de la regulación.
Finalmente, el alcalde ha asegurado que Barcelona continuará aumentando el parque de vivienda pública, pero ha admitido que, mientras tanto, hacen falta más medidas para facilitar el acceso a la vivienda. Entre estas, ha vuelto a señalar el tope a los precios del alquiler y la eliminación de los pisos turísticos, una medida que la ciudad prevé aplicar de cara a 2028
