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El Ayuntamiento de Barcelona llevará a la Fiscalía los mensajes de odio y racistas que se han expresado este sábado durante una concentración a favor de la denominada ‘Save Europe Act’, celebrada en la plaza de Sant Jaume.
Durante el acto, los convocantes han desplegado una pancarta con el lema ‘La remigración salva Europa’ y se han oído proclamas como “No es inmigración, es invasión”. Según el consistorio, estos mensajes podrían constituir un delito de odio por motivos religiosos o por pertenencia a una determinada etnia, raza o nación, de acuerdo con el artículo 510 del Código Penal.
Ante esta situación, el gobierno municipal ha decidido poner a disposición de la autoridad judicial la información recogida por la Guardia Urbana, que ha hecho el seguimiento de la concentración en coordinación con los Mossos d’Esquadra.
El gobierno municipal condena los mensajes racistas
El ejecutivo encabezado por el alcalde Jaume Collboni ha condenado “rotundamente” los principios racistas y xenófobos asociados al movimiento, así como cualquier discurso contrario a los valores democráticos y de convivencia.
El consistorio defiende la diversidad como uno de los principales activos de Barcelona y como una parte esencial de la identidad de la ciudad.
En este sentido, reafirma su compromiso con la lucha contra el racismo y la discriminación y con un modelo de convivencia basado en el respeto, la inclusión y la cohesión social.
El Ayuntamiento también ha reivindicado las políticas públicas que ya impulsa en este ámbito, como el Plan Barcelona Intercultural y Antirracista, así como diferentes iniciativas destinadas a prevenir los discursos de odio.
El Ayuntamiento defiende el derecho de manifestación
El gobierno municipal ha remarcado, al mismo tiempo, que respeta el derecho de reunión y manifestación, que es un derecho fundamental sometido a comunicación y no a autorización previa y sobre el cual el Ayuntamiento no tiene competencias.
El consistorio considera, sin embargo, que defender este derecho no implica mantenerse neutral ante el racismo.
En este sentido, asegura que las instituciones democráticas deben garantizar los derechos de todos y, al mismo tiempo, combatir las ideologías que “pretenden erosionar la igualdad entre ciudadanos, señalar colectivos o convertir la diversidad en una amenaza”.
