La nueva Ordenanza de Convivencia ha comportado una reducción del 32,7% de las denuncias durante sus primeros cuatro meses y medio de vigencia. Entre el 15 de febrero y el 30 de junio de 2026 se han registrado 17.461, frente a las 25.956 del mismo período del año anterior.
Esta evolución no responde a una menor actividad policial, sino a la entrada en vigor de un nuevo marco normativo que refuerza la proporcionalidad de las sanciones y concentra la actuación municipal en aquellas conductas que tienen un impacto real sobre la convivencia, el descanso de los vecinos y la calidad del espacio público. La reforma también ha adaptado diversos supuestos sancionadores a la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana y ha incorporado nuevas circunstancias agravantes.
Una actuación policial más precisa y orientada a las conductas de mayor afectación
La Guardia Urbana ha desarrollado durante estos primeros meses una aplicación más selectiva de la normativa, especialmente en aquellos ámbitos donde las conductas incívicas generan conflictos de convivencia o afectaciones al descanso vecinal.
Desde el 15 de febrero la Guardia Urbana ha desplegado un dispositivo integral que combina patrullas uniformadas y de paisano para intervenir en los puntos con más reiteración de incidencias. El dispositivo contempla la coordinación con otros servicios municipales y se revisa periódicamente según la evolución de los incidentes y denuncias.
Territorialmente, Ciutat Vella concentra el volumen principal de intervenciones, con 7.036 denuncias, seguida de Sant Martí con 2.848 y Sarrià-Sant Gervasi con 2.368.
El consumo de alcohol se centra en los comportamientos que alteran la convivencia
La principal transformación derivada de la reforma se produce en el ámbito del consumo de bebidas alcohólicas. Las denuncias pasan de 18.015 a 6.830 (-62,1%), pero este descenso se explica porque desaparecen dos supuestos de denuncia que existían hasta ahora y se sustituyen por nuevas infracciones vinculadas a la alteración efectiva de la convivencia ciudadana.
La nueva ordenanza permite actuar específicamente contra conductas que generan molestias vecinales, concentraciones masivas de personas o afectaciones al descanso. Durante estos primeros meses se han interpuesto:
- 504 denuncias por consumo de alcohol
- 165 denuncias por consumo en grupos de tres o más personas con riesgo de consumo masivo.
- 36 denuncias por consumo en zonas especialmente protegidas frente al ruido, incluidas las ZARE.
- 42 denuncias por consumo en espacios frecuentados por menores o con riesgo de incitar a su consumo.
Aumento de las actuaciones contra las necesidades fisiológicas en el espacio público
Uno de los ámbitos que concentra más actividad policial es el de las necesidades fisiológicas en la vía pública. Las denuncias aumentan un 15,2%, pasando de 2.722 a 3.136.
La reforma incorpora nuevos supuestos agravados que permiten sancionar conductas especialmente problemáticas para la convivencia. En solo cuatro meses y medio se han registrado:
- 289 denuncias por orinar o defecar en las inmediaciones de establecimientos de concurrencia pública.
- 41 denuncias en calles de cuatro metros o menos de anchura.
- 11 denuncias en las inmediaciones de lavabos públicos abiertos.
También destaca el incremento de las denuncias por escupir en el espacio público, que prácticamente se duplican, pasando de 182 a 363.
Incremento de las actuaciones por ensuciamiento y uso inadecuado del espacio público
Las nuevas herramientas incorporadas por la ordenanza han permitido incrementar de manera notable la detección y sanción de conductas vinculadas a la degradación del espacio público.
Las denuncias por otras conductas de ensuciamiento, que aumentan un 310%, pasando de 414 a 1.698. Paralelamente, las denuncias por uso impropio del espacio público aumentan considerablemente, pasando de 43 a 481 casos.
Estos datos evidencian una apuesta municipal por reforzar la actuación sobre aquellas conductas que impactan directamente en la percepción de limpieza, orden y calidad del espacio público.
Más de 17.900 actuaciones relacionadas con la venta ambulante no autorizada
Las denuncias por comercio ambulante sin autorización, excluyendo los abandonos de mercancía, aumentan un 13%, pasando de 4.016 a 4.538 denuncias.
Paralelamente, la Guardia Urbana ha registrado 13.416 actuaciones por abandono de productos destinados a la venta ambulante, una cifra muy similar al año anterior. Esta herramienta permite actuar sobre la problemática aunque no sea posible identificar a la persona responsable.
En total, las actuaciones relacionadas con la venta ambulante alcanzan 17.954 incidencias durante el periodo analizado.
También se detectan incrementos especialmente relevantes en:
- Las denuncias por colaboración con vendedores ambulantes no autorizados (+76,4%).
- La venta ambulante sin ocupación de la vía pública (+77,6%).
- La venta ambulante con ocupación de la vía pública (+18,6%).
Más de 11.000 sanciones impuestas y aumento de las medidas alternativas a la sanción
Durante el período analizado (15/02-30/06 de 2026) la Oficina de Convivencia ha impuesto 11.557 sanciones y ha registrado 4.740 expedientes pagados. Una parte relevante de los expedientes continúa en fase de tramitación administrativa y provienen de denuncias anteriores al período analizado.
La nueva Ordenanza ha reforzado la capacidad disuasoria del régimen sancionador con el incremento de los importes para las conductas que generan una mayor afectación sobre la convivencia. Entre las principales novedades destacan las sanciones de hasta 1.500 euros por consumo de alcohol en espacios frecuentados por menores o que puedan incentivar su consumo, o de hasta 500 euros por hacer necesidades fisiológicas en las inmediaciones de establecimientos de concurrencia pública, lavabos públicos abiertos o en calles de menos de cuatro metros de anchura.
A esta mayor contundencia se añade la reducción de la bonificación por pago voluntario e inmediato, que ha pasado del 75% al 50%, con el objetivo de reforzar la efectividad del sistema sancionador y la responsabilización de las personas infractoras y una mayor capacidad disuasoria ante las conductas incívicas.
Paralelamente a la actividad sancionadora, el Ayuntamiento continúa reforzando las vías educativas y restaurativas previstas en la normativa. Este trabajo se ha complementado con campañas informativas, una mayor presencia de la Guardia Urbana en los espacios con más incidencias y el refuerzo de los agentes cívicos y los equipos de mediación, consolidando un modelo que combina prevención, sensibilización y corrección de las conductas incívicas.
Durante el período analizado, los expedientes de medidas alternativas a la sanción gestionados por la Oficina de Convivencia han aumentado un 169,8%, pasando de 96 a 259 expedientes. Este incremento pone de manifiesto la voluntad municipal de combinar la sanción con herramientas orientadas a la responsabilización y al cambio de conducta, especialmente en el caso de personas menores de edad y en situación de vulnerabilidad.
La implantación de la nueva ordenanza ha ido acompañada de un amplio programa de formación dirigido a personal municipal, mandos de la Guardia Urbana, agentes cívicos y mandos de los Mossos d'Esquadra. En total, más de 260 profesionales han participado en sesiones específicas para garantizar una aplicación homogénea del nuevo marco normativo en toda la ciudad.
Igualmente, la creación de la nueva Oficina de Convivencia refuerza el modelo municipal de convivencia. El nuevo organismo no solo asume funciones instructoras, sino que deviene un instrumento para impulsar políticas preventivas, estrategias de sensibilización y acciones de mejora de la convivencia en los barrios.
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