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Barcelona da un primer paso para agravar la fiscalidad de las viviendas de uso turístico a partir de 2027. La comisión extraordinaria de Economía y Hacienda del Ayuntamiento ha avalado modificar las Ordenanzas Fiscales para que los propietarios de estos alojamientos puedan asumir un recargo de hasta el 150% de la cuota del IBI.
La propuesta ha salido adelante con los votos favorables del PSC, ERC y Barcelona en Comú. Junts per Barcelona se ha abstenido, mientras que PP y Vox han votado en contra.
El cambio todavía no es definitivo. La modificación pasará la semana que viene por un pleno extraordinario para su aprobación inicial y, posteriormente, deberá volver al plenario ordinario de diciembre para recibir el visto bueno definitivo.
Hasta un 150% más según el número de viviendas turísticas
El recargo planteado por el gobierno municipal variará en función de la cantidad de viviendas de uso turístico que acumule cada titular.
Los propietarios con una sola HUT tendrían un incremento de hasta el 50% de la cuota del IBI. En el caso de los titulares con dos o tres viviendas turísticas, el recargo podría llegar al 100%, mientras que aquellos que dispongan de cuatro o más licencias podrían pagar hasta un 150% adicional.
Actualmente, Barcelona cuenta con 10.627 licencias de vivienda de uso turístico activas. De este total, 3.274 corresponden a titulares con una única licencia, 1.276 a propietarios que tienen entre dos y tres y 6.077 están vinculadas a titulares con cuatro o más.
Esto significa que más de la mitad de las licencias existentes quedarían dentro del tramo más elevado del recargo si la modificación se aprueba definitivamente.
El primer recargo se liquidaría a finales de 2027
El Ayuntamiento impulsa el cambio tras la nueva normativa estatal en materia de vivienda, que permite a los municipios declarados zonas de mercado residencial tensionado introducir este tipo de recargos fiscales.
Si el calendario previsto se cumple y las ordenanzas obtienen la aprobación definitiva, el nuevo recargo se devengaría por primera vez el 31 de diciembre de 2027 y se liquidaría anualmente.
La iniciativa se enmarca en la estrategia municipal para aumentar la presión fiscal sobre las viviendas destinadas a uso turístico y reforzar las políticas de vivienda en un contexto de dificultades de acceso al alquiler en la ciudad.
