La Comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado este martes de manera definitiva el nuevo plan de usos de Ciutat Vella planteado por el gobierno municipal. El texto ha salido adelante con los votos favorables del gobierno socialista, Junts y la abstención del PP, mientras que BComú y ERC han votado en contra. Vox ha hecho reserva de voto hasta el plenario, donde se hará la votación final.
El concejal de Ciutat Vella, Albert Batlle, ha defendido el nuevo planeamiento y ha admitido que parte de un enfoque “continuista”, pero ha remarcado que apuesta por un modelo “regulador” que reduce vacíos normativos y aporta seguridad jurídica. Según Batlle, el plan no “liberaliza” las actividades sino que las “ordena”, con el objetivo de garantizar el equilibrio de usos y corregir “desequilibrios acumulados”.
El concejal ha recordado que el plan vigente desde 2018 no ha resuelto algunos conflictos y ha advertido del riesgo de no actuar una vez se levante la suspensión de licencias actual. “El nuevo plan garantiza estándares de convivencia y contención de actividades que no aportan ningún valor añadido”, ha resumido, a la vez que ha agradecido el posicionamiento de Junts y las aportaciones del PP.
Batlle también ha detallado que el nuevo plan triplica las actividades reguladas, pasando de 55 a 180, y refuerza las restricciones al comercio no cotidiano no alimentario. Esto incluye condicionantes para la apertura de salones de manicura y pedicura, tiendas de complementos de móviles y establecimientos de productos cannábicos, entre otros. Además, se limitan las actividades asociativas privadas para frenar la proliferación de clubes cannábicos.
Desde Junts, Damià Calvet ha defendido la necesidad del plan y ha criticado el modelo anterior: el de 2018 estaba “lleno de prohibiciones” y “fracasó”. En este sentido, se ha mostrado convencido de que el nuevo planeamiento “ordena y limita” y será “positivo”.
El PP se ha abstenido para facilitar la tramitación, pero ha advertido de problemas estructurales. “No defendemos barra libre, pero tampoco prohibicionismo ideológico”, ha indicado la concejala Sonia Devesa, que ha señalado la falta de inspección y control efectivo sobre el terreno.
BComú ha sido muy crítico con el texto y lo ha calificado de “un mal plan de usos” que “profundiza en la dependencia que tiene el distrito del turismo y no protege el comercio de proximidad ni a las vecinas”. El concejal Jordi Rabassa ha advertido también de que puede favorecer negocios que “inflarán” los precios del alquiler, “nunca hablarán catalán” y tendrán una oferta dirigida a los visitantes.
Desde ERC, Eva Baró ha calificado el plan de “continuista” en un distrito en situación de “emergencia urbana” y ha alertado de que “perder Ciutat Vella es perder Barcelona”. “El nuevo plan pedía un cambio de rumbo considerable y no lo hace”, ha sentenciado.
Por su parte, Vox ha reservado el voto para “seguir estudiando” la propuesta del gobierno municipal. Aun así, ha señalado que el turismo no es el único problema de Ciutat Vella y ha mencionado los narcopisos y los inmuebles ocupados, entre otras cuestiones.