El Ayuntamiento de Barcelona quiere acortar hasta un año los trámites necesarios para reubicar los pisos protegidos de la reserva del 30% dentro del mismo barrio, una posibilidad prevista en la normativa pero que nunca se ha llegado a aplicar desde que se aprobó, en 2018. La medida se ha incluido en la ley de acompañamiento de los presupuestos de la Generalitat a petición del consistorio y solo saldrá adelante si las cuentas catalanas se aprueban en el Parlament.
La normativa vigente permite ubicar las viviendas protegidas en una parcela diferente de la promoción original, siempre que sea dentro del mismo barrio. Sin embargo, este mecanismo obliga a tramitar y aprobar previamente un plan de mejora urbana, un procedimiento complejo y largo, que puede alargarse cerca de un año. Con el cambio propuesto, los promotores podrán pedir directamente la licencia sin tener que pasar por este trámite intermedio.
Para hacerlo posible, la ley de medidas incorpora una modificación de la Carta Municipal de Barcelona. Según han explicado fuentes municipales, la comprobación del cumplimiento de la reserva del 30% de vivienda protegida se hará directamente en el trámite de concesión de la licencia.
El gobierno municipal confía en que esta simplificación administrativa ayude a incentivar la construcción de vivienda y a paliar la crisis de acceso a la vivienda. “La prueba de la dificultad de este trámite es que desde 2018 no ha pasado nunca, ha habido pocos casos del 30%, pero todos los que se han dado han sido en el mismo edificio”, han señalado fuentes del consistorio.
Aunque el ejecutivo municipal ha planteado a los grupos políticos una revisión más amplia de la normativa, las conversaciones no han fructificado y cualquier reforma de fondo se ha aplazado hasta el próximo mandato. El cambio introducido ahora no modifica la MPGM de 2018, que estableció la obligación de destinar un 30% de vivienda protegida a las promociones residenciales de más de 600 metros cuadrados.
La propuesta de modificar la Carta Municipal es fruto de los trabajos de la Comisión de estudio de simplificación administrativa, constituida al inicio del mandato con el apoyo de todos los grupos. “Es un trabajo que viene de un año y medio, pero como mientras tanto no se han aprobado presupuestos ni ley de medidas estaba pendiente de tramitar”, detallan las mismas fuentes municipales.
La agilización de los trámites entrará en vigor cuando se aprueben los presupuestos catalanes. En caso contrario, los promotores deberán continuar sujetos a la regulación actual y esperar cerca de un año para poder reubicar los pisos protegidos en otro edificio del mismo barrio.
