Los afectados por el socavón de la L9 en Putxet consideran todavía "muy alejado" un acuerdo con la Generalitat sobre las indemnizaciones, aunque mantienen la esperanza de que el pacto se pueda sellar antes de las próximas elecciones. Así lo ha explicado este miércoles Carmen Pérez-Pozo, abogada y representante del 90% de los damnificados, después del último encuentro con el Govern.
Pérez-Pozo, que hace unas semanas confiaba en llegar a un entendimiento este mes, ha rebajado ahora las expectativas y ha situado el acuerdo marco antes de final de año. Con todo, calcula que el procedimiento continuará abierto hasta mediados de 2027, porque las obras todavía no habrán acabado y quedarán puntos pendientes de resolver.
En este proceso, el único avance confirmado es que el ingeniero de la UPC Javier Ruiz Gandullo supervisará los trabajos, según han aceptado las dos partes.
Cifras a negociar y nueva reunión en septiembre
La plataforma ha trasladado al Govern unos importes y unos criterios generales para calcular las compensaciones, con la idea de concretarlas después caso por caso. Las dos partes se han emplazado ahora a una nueva reunión el 23 de septiembre, en la que los afectados esperan que el Govern "ponga cifras sobre la mesa" y precise cuáles de sus reclamaciones acepta.
"En este momento están muy alejadas, porque nosotros pedimos y todavía no nos han dado nada", ha afirmado Pérez-Pozo, que ha insistido en que, de momento, no ha habido una aproximación real entre las posiciones.
Una de las peticiones que sí ha avanzado es la supervisión externa de las obras. Según ha detallado la abogada, el contrato con Javier Ruiz Gandullo, profesor de la UPC, se está terminando de ultimar. También se ha pactado que los anticipos abonados hasta ahora a los afectados, ligados a la presentación de tickets y justificantes, pasen a integrarse dentro de las indemnizaciones.
84 afectados representados y retornos todavía inciertos
La representante ha explicado que la plataforma agrupa actualmente 84 de los 93 afectados, es decir, cerca del 90% del total, y que todavía se podrían sumar nuevos casos. También ha apuntado que la casuística es muy diversa, especialmente entre los locales comerciales, donde las compensaciones pueden ser elevadas por la duración de los perjuicios y la pérdida de actividad.
En cuanto al retorno a las viviendas, Pérez-Pozo ha indicado que las previsiones van desde octubre, en el escenario más favorable, hasta el año que viene en los casos más complejos. La plataforma, sin embargo, cree que los plazos reales serán más largos de los anunciados porque la tuneladora aún no se ha puesto en marcha. "Yo creo que estaremos hablando de esto hasta julio del año que viene", ha afirmado.
Inspecciones posteriores y cobertura para daños futuros
Los afectados también reclaman controles después de la finalización de las actuaciones. En concreto, piden inspecciones al cabo de seis meses, dos años y cinco años para comprobar la evolución del terreno, así como un seguro general que cubra posibles daños futuros a las viviendas vinculados a las obras.
Pérez-Pozo ha remarcado que las reclamaciones no se limitan a los desperfectos materiales, sino que también incluyen los perjuicios económicos, morales y la posible pérdida de valor de los inmuebles y de los negocios. Según ha explicado, muchos afectados esperaban salir de la última reunión con una fecha de retorno a casa y una previsión de indemnización, pero de momento "se van con una recomendación: paciencia".
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