En el transcurso de una reunión celebrada hoy, el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha indicado que aproximadamente 24.000 personas en la ciudad podrían acceder a los beneficios previstos en el reciente acuerdo entre el PSOE y Podemos para la regularización extraordinaria de medio millón de migrantes en todo el Estado.
Tras una reunión con Carlos Prieto, delegado del gobierno español en Cataluña, Collboni ha precisado que esta cifra corresponde a los individuos detectados por los servicios municipales, aunque ha advertido que probablemente habrá más personas susceptibles de acogerse al proceso de regularización.
El alcalde ha anunciado la constitución inminente, concretamente este lunes, de un grupo de trabajo conjunto entre el Ayuntamiento y la delegación estatal con el objetivo de facilitar y acelerar las gestiones administrativas relativas a estas regularizaciones.
Beneficiarios locales y oportunidades laborales
Según Collboni, las 24.000 personas identificadas por los servicios sociales municipales son aquellas que podrán incorporarse con carácter inmediato a esta iniciativa excepcional, que ha calificado de una "grandísima oportunidad" para mejorar las condiciones de vida de los migrantes y contribuir a cubrir puestos laborales actualmente desocupados.
El alcalde también ha destacado que el consistorio cuenta con una experiencia consolidada en procesos similares anteriores y manifiesta la voluntad de actuar con rapidez y eficacia para que esta medida llegue al máximo número posible de personas necesitadas.
Además de Collboni y Prieto, han asistido al encuentro la teniente de alcaldía de Derechos Sociales, Raquel Gil, así como la comisionada de Acción Social, Sonia Fuertes.
Aprobación municipal favorable a la regularización extraordinaria
Por otro lado, el pleno municipal barcelonés ha dado luz verde hoy a una moción presentada por el gobierno local en apoyo explícito a esta medida excepcional destinada a los migrantes. El texto defiende este mecanismo como una herramienta esencial para garantizar derechos fundamentales, minimizar situaciones de vulnerabilidad social y laboral y reforzar una política migratoria basada en el respeto a la dignidad humana.
Esta propuesta ha sido aprobada con los votos favorables del gobierno municipal, BComú y ERC; la abstención por parte de Junts; mientras que PP y Vox han votado en contra.
Además, el documento subraya cómo esta iniciativa contribuye positivamente a la cohesión social local y pone énfasis en que el Ayuntamiento está dispuesto a colaborar activamente con las administraciones competentes para que el proceso se lleve a cabo con "eficacia, agilidad y plenas garantías". También reconoce explícitamente "la contribución social, económica y cultural" de los migrantes residentes en el municipio.
Dentro del marco del debate sobre la moción, Raquel Gil remarcó que las regularizaciones extraordinarias son "una práctica consolidada dentro de la gestión migratoria", añadiendo que tienen un impacto "positivo" en términos sociales porque ayudan "a construir ciudad desde el reconocimiento de los derechos humanos".
Por otro lado, Neus Munté (Junts) ha insistido en que "acoger no es solo abrir puertas", reivindicando también un mayor traspaso competencial en materia migratoria: "Hay que afrontar preguntas clave sobre quién decide estas políticas y qué herramientas se disponen para gestionarlas".
Por su parte, Jess González (BComú) ha enfatizado la necesidad "de decisiones concretas" combinadas con recursos suficientes; y también ha instado al gobierno municipal a mantener coherencia política respecto al apoyo mostrado anteriormente: "No es una lucha partidista sino un movimiento social amplio".
Eva Baró (ERC) ha calificado esta medida como un reconocimiento necesario ante una realidad a menudo invisibilizada donde muchos migrantes viven en situación precaria: "Es una medida positiva para todos", señalando también la estigmatización habitual hacia estas personas.
Criterios críticos desde los grupos conservadores
Sin embargo, Daniel Sirera (PP) ha criticado este mecanismo asegurando que pretende transferir a los ayuntamientos una política migratoria "caótica", improvisada y sin dotación suficiente. Por su parte, Gonzalo de Oro-Pulido (Vox) la ha calificado de una "maniobra desesperada" destinada a premiar la entrada ilegal al país.
