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El nuevo Plan de Ordenación y Urbanismo Parroquial (POUP) de Andorra la Vella ha abierto un debate que va más allá de las alturas de los edificios o de los metros cuadrados que se podrán construir. La aprobación de su exposición pública ha puesto sobre la mesa dos concepciones diferentes sobre cómo debe crecer la capital y qué papel deben tener la administración y la iniciativa privada en este proceso.
Por un lado, la mayoría comunal de Enclar apuesta por contener el potencial de crecimiento que permitía el planeamiento anterior. El nuevo POUP prevé una reducción media de la edificabilidad del 40%, limita en determinadas zonas la altura de los edificios a siete plantas e incrementa la cesión obligatoria hasta el 30%. El objetivo defendido por el Comú es disponer de más espacio público, zonas verdes y equipamientos y evitar un desarrollo urbanístico que considera excesivo.
Por otro lado ha aparecido Virtus, que este fin de semana ha cargado con dureza contra el planteamiento. La formación califica el nuevo modelo de “ideológico e intervencionista” y considera que las nuevas restricciones pueden tener consecuencias especialmente importantes sobre el mercado del alquiler, y la discrepancia se centra, sobre todo, en la manera de abordar el problema de la vivienda.
Virtus defiende que reducir la capacidad de construir y aumentar simultáneamente las cargas que asumen propietarios y promotores puede acabar reduciendo la iniciativa privada. La formación diferencia, además, entre las promociones destinadas a la venta y las destinadas al alquiler. Considera que las primeras tienen más capacidad para repercutir los incrementos de costes sobre el precio final, mientras que las segundas necesitan muchos más años para recuperar la inversión.
Es precisamente aquí donde emerge la confrontación entre los dos modelos. Enclar parte de la necesidad de limitar el crecimiento potencial de Andorra la Vella y utilizar el planeamiento urbanístico para ordenar la ciudad, mientras que Virtus pone el acento en la necesidad de mantener unas condiciones que incentiven el aumento de la oferta residencial privada.
La cesión obligatoria del 30% es uno de los puntos donde esta diferencia se hace más evidente. Virtus considera que exigir que casi un tercio del terreno pase a manos públicas puede comprometer la viabilidad de determinadas promociones destinadas al arrendamiento. También considera insuficiente la posibilidad de obtener un 10% adicional de edificabilidad cuando se destine a vivienda asequible.
Enclar, en cambio, ha defendido desde el inicio del mandato la necesidad de replantear la capacidad de crecimiento de la parroquia. El cónsul mayor, Sergi González, ya había situado la revisión del POUP como una herramienta para decidir no solo cuánta gente puede llegar a vivir en Andorra la Vella, sino también bajo qué modelo de ciudad.
El debate también incorpora Demòcrates, que se abstuvo en la votación para someter el POUP a exposición pública. El consejero David Astrié aseguró compartir la necesidad de limitar el crecimiento urbanístico, pero expresó dudas sobre el impacto que la reducción de la edificabilidad puede tener sobre el precio de la vivienda.
El POUP entra ahora en el período de exposición pública y, por lo tanto, todavía puede experimentar modificaciones. Pero su presentación ya ha servido para dibujar un debate político de fondo: hasta qué punto la administración debe restringir el potencial urbanístico para controlar el crecimiento de la ciudad y hasta qué punto estas limitaciones pueden acabar reduciendo la oferta de vivienda.
