La solución de los incumplimientos de las observaciones del Tribunal de Cuentas implicarían "modificaciones legislativas"

La comisión legislativa de Finanzas y Presupuesto ha hecho público su informe con relación a las fiscalizaciones llevadas a cabo por el Tribunal de Cuentas correspondientes a 2023. Del análisis realizado resalta la constatación "con preocupación de que, a la hora de elaborar su informe, algunas de las entidades auditadas aún no cumplen las reservas formuladas reiteradamente por el Tribunal de Cuentas y el mandato del Consejo General". Y lamentan, por tanto, que "esta persistencia obliga, año tras año, a insistir nuevamente en la necesidad de regularizar estas situaciones". Además, también muestra su "preocupación" por el hecho de que algunas irregularidades podrían ser constitutivas de acciones y omisiones con consecuencias de responsabilidad civil y administrativa y, en consecuencia, recomienda la "inmediata" toma de medidas correctivas.

No obstante, desde la comisión se pone de relieve que se es consciente de que algunas situaciones "solo podrán ser regularizadas con la modificación legislativa correspondiente", y por ello recomienda al Gobierno "el análisis y la presentación al Consejo General de la modificación de la legislación que proceda" de acuerdo con el informe de fiscalización del ejercicio 2023.

Algunas constataciones que se hacen desde la comisión señalan que, a pesar de las alegaciones presentadas y la documentación aportada por las entidades auditadas han permitido que algunas observaciones y recomendaciones hayan sido modificadas o hayan quedado sin efecto, el Tribunal de Cuentas valora que "muchas de las alegaciones no aportan información relevante que permita modificar las observaciones y conclusiones obtenidas a partir del análisis de la documentación examinada durante los trabajos de fiscalización".

Desde la comisión legislativa de Finanzas y Presupuesto ponen el acento en el hecho de que algunas de las entidades auditadas no efectúan un seguimiento presupuestario ajustado estrictamente a la ley, dado que a lo largo del ejercicio no se registran las diferentes fases de ejecución de los presupuestos de ingresos y gastos. Además, algunas de estas entidades efectúan un control ofimático y la liquidación presupuestaria se elabora a partir de la información registrada en la contabilidad financiera. "El no registro de las fases de ejecución presupuestaria dificulta, y en algunos casos puede impedir, las verificaciones en relación con el cumplimiento del principio de anualidad regulado" en el texto legal. En este sentido, la comisión recuerda que la ley obliga a las entidades parapúblicas o de derecho público, los comunes y las sociedades públicas a la creación de todas las figuras oportunas para garantizar las funciones de control previstas, así como al fiel cumplimiento de todos los procedimientos regulados para la ejecución del presupuesto. Y en este sentido, recomiendan que se apruebe una estructura presupuestaria "de obligado cumplimiento, que debería definir de forma clara las cuentas presupuestarias que se deben utilizar en la elaboración del presupuesto, tanto para ingresos como para gastos, y la correlación con las cuentas definidas en las normas contables".

Otra de las prácticas sobre las que pone el foco es la de pagos y disposiciones en efectivo efectuados con tarjetas de crédito que, si bien son objeto de una regularización a posteriori, no han seguido en el momento de efectuarse el procedimiento y las fases previstas por la ley, Y en este sentido se recomienda la adopción de un procedimiento para la utilización de este sistema de pago que se ajuste a las previsiones de la ley de finanzas públicas.

Otro aspecto que subrayan es que algunas entidades no respetan el principio de mancomunidad de firmas que debe regir en la gestión de fondos públicos. Y se recomienda adecuar los procedimientos de pago para que se respete el principio de mancomunidad.

Desde la comisión se recuerda el trabajo iniciado la legislatura pasada para actualizar las atribuciones del Tribunal de Cuentas y remarcan "la firme voluntad de proseguir con la implementación de un plan de trabajo para analizar las modificaciones necesarias del marco legal vigente regulador de la organización y funcionamiento del Tribunal de Cuentas".