Sant Julià de Lòria ha aprobado una revisión de la parrilla salarial de los trabajadores de la administración con el objetivo de retener talento, facilitar la captación de nuevos profesionales y hacer más competitivos los puestos de trabajo del común. El cónsul mayor, Cerni Cairat, ha justificado la medida asegurando que la corporación se encuentra con dificultades para cubrir determinadas plazas. Según ha explicado, los edictos de contratación a menudo reciben pocas candidaturas porque, en algunas categorías, Sant Julià es uno de los comunes con una retribución menos competitiva.
Este hecho, suponía también que a la administración laurediana le costara retener a sus trabajadores, lo que muchas veces el común operaba como “puente” hacia otras administraciones, tal como ha relatado la cónsul menor, Sofia Cortesao.
La revisión aprobada prioriza los salarios más bajos de cada categoría. En concreto, se incrementan las bandas salariales inferiores con la voluntad de mejorar las condiciones de entrada de los nuevos trabajadores, mientras que los sueldos más elevados experimentarán aumentos más moderados. Cairat ha definido esta actualización como una “parrilla regresiva”, en la que “cuanto más alto es el sueldo, menos se aumenta”.
El cónsul también ha señalado que la revisión era necesaria a raíz de las últimas modificaciones normativas, como el incremento del salario mínimo, que hacían necesario adaptar las retribuciones del personal comunal. El común confía en que esta mejora contribuya especialmente a cubrir las vacantes de las categorías con más dificultades de contratación, tanto en puestos de responsabilidad como en perfiles operativos.
La propuesta, sin embargo, no ha contado con el apoyo de la minoría, atendiendo a que se han abstenido. El consejero a la oposición, Josep Majoral, ha puesto el acento en el impacto económico de la medida, ya que cifra en cerca de 300.000 euros anuales el incremento del capítulo de personal. A pesar de admitir que el gobierno comunal considera este gasto asumible, ha remarcado que se trata de una cantidad importante para el presupuesto del común.
El cónsul le ha replicado que la actualización salarial supondrá un incremento aproximado del 4,5% del gasto anual en personal. Cairat ha remarcado que se trata de un esfuerzo asumible para las finanzas comunales y ha destacado que queda lejos de otros incrementos salariales aplicados en otras administraciones públicas, que han llegado a ser del 10%, tal como ha mencionado Cairat.
Por otro lado, Majoral se ha mostrado sorprendido por el hecho de que, solo seis meses después de aprobar un reglamento destinado a mejorar las condiciones salariales de los agentes del departamento de Circulación, se haya tenido que volver a llevar una modificación al consejo porque el texto anterior “no cumplía la normativa o no estaba bien”. Según Majoral, este hecho les ha generado “inquietud” e “inseguridad”, otro motivo por el cual han optado por la abstención en la votación.
Cairat ha explicado que en este caso de los agentes de Circulación se trata únicamente de unos errores que se constataron en algunos de los artículos del reglamento. “Asumimos el error, y por eso se propone arreglarlo”, ha manifestado el cónsul.
Se amplía la suspensión de licencias y se modifica el POUP para redefinir los usos urbanísticos
En sesión de consejo de común también se ha aprobado una modificación de las normas urbanísticas del Plan de Ordenación y Urbanismo Parroquial (POUP) y la ampliación de la suspensión de licencias de construcción con el objetivo de replantear el modelo de desarrollo de la parroquia. El cónsul mayor, Cerni Cairat, ha defendido que la revisión del planeamiento busca “planificar el urbanismo y planificar el territorio”.
Según Cairat, el primer POUP, aprobado en el año 2006, respondía a esta voluntad de planificación, pero las modificaciones introducidas a lo largo de los años han “desvirtuado” su espíritu. Por ello, el común considera necesario redefinir qué usos son compatibles en cada zona y corregir situaciones que, a su entender, no favorecen un crecimiento equilibrado.
En este sentido, el cónsul ha puesto como ejemplo las zonas industriales, comerciales o con concentración de gasolineras, donde el común considera que hay que replantear si son espacios adecuados para ubicar viviendas o equipamientos públicos. El objetivo es favorecer que el crecimiento residencial se concentre cerca de los núcleos urbanos y de los servicios, fomentando un modelo que genere más calidad de vida y cohesión comunitaria.
Para hacer posible esta revisión, el común suspende el otorgamiento de licencias de construcción de viviendas desde la rotonda de Sant Eloi hasta la frontera. Cairat ha insistido, sin embargo, que esta medida “no prohíbe construir”, sino que limita temporalmente la implantación de determinados usos. En este sentido, sí que se podrán edificar almacenes, naves industriales o grandes superficies en este tramo de la parroquia.
“En aquellas zonas de carácter industrial o de grandes superficies o donde hay una concentración de gasolineras, ¿es aquí donde queremos que viva la gente a futuro? ¿Es aquí donde queremos tener los equipamientos públicos? ¿O debemos priorizar que la gente viva cerca de los servicios, cerca de los núcleos y de una manera que también genere más calidad de vida y más comunidad?”, ha declarado Cairat.
Paralelamente, ha recordado que la corporación continúa incentivando la construcción de vivienda en los núcleos urbanos mediante bonificaciones de hasta el 90% de la tasa de construcción para promociones destinadas al alquiler.
Por otro lado, el consejo también ha aprobado una suspensión total de licencias en seis parcelas concretas. El cónsul ha calificado esta actuación de “quirúrgica” y ha explicado que responde a la necesidad de analizar caso por caso la situación de estos terrenos antes de autorizar nuevos desarrollos.
Según ha detallado, el común quiere negociar con los propietarios posibles modificaciones de las vialidades existentes o la concentración de cesiones urbanísticas para facilitar la reserva de espacios destinados a equipamientos públicos, vivienda de promoción pública u otras necesidades de interés general.
Cairat ha remarcado que la suspensión es temporal y que la voluntad del común es encontrar soluciones que permitan mejorar la planificación urbanística sin perjudicar el valor de las parcelas afectadas.
La minoría se ha abstenido en la votación. El consejero a la oposición, Josep Majoral, ha justificado la decisión asegurando que el país atraviesa “una situación crítica” en cuanto a la vivienda, pero que las medidas aprobadas son “parches” que se adoptan mientras se lleva a cabo una revisión global del POUP.
Majoral ha cuestionado las limitaciones a la construcción de viviendas en determinadas zonas de la parroquia. A pesar de compartir algunas de las restricciones planteadas, ha puesto en duda que no se puedan hacer viviendas en algunas zonas y ha puesto como ejemplo la zona de Aixovall, donde el Gobierno está edificando una promoción de vivienda de alquiler asequible y con el nuevo planteamiento se impedirá desarrollar nuevas promociones similares en parcelas adyacentes.
Por este motivo, Majoral ha acabado asegurando que el equipo de gobierno comunal no tiene claro “qué parroquia se quiere” con estas modificaciones.
Se aprueba una aportación de 1,5 millones de euros a Camprabassa SA para garantizar la continuidad de Naturland
El ayuntamiento ha aprobado una aportación de 1,5 millones de euros a Camprabassa SA, la sociedad que gestiona Naturland, con el objetivo de garantizar el funcionamiento del parque durante más de veinte meses mientras se trabaja para encontrar capital privado que permita asegurar el futuro del proyecto.
El cónsul de Sant Julià de Lòria, Cerni Cairat, ha explicado que la actuación forma parte de un acuerdo global con las entidades financieras para resolver la situación patrimonial y financiera de la sociedad. Según ha detallado, el ente comunal hará esta aportación mientras los bancos aceptan una reestructuración de la deuda que permitirá pasar una parte de la financiación de corto a largo plazo.
“Garantizamos el funcionamiento y la viabilidad de Naturland durante más de veinte meses”, ha asegurado Cairat, que ha remarcado que la prioridad es mantener abierta esta ventana de oportunidad para la entrada de un inversor privado.
El cónsul ha indicado que actualmente se está trabajando con intermediarios para buscar posibles inversores interesados en el proyecto y en el desarrollo del plan director de Naturland. El objetivo, ha afirmado, es que un operador privado pueda asumir parte del proyecto y permita al ayuntamiento liberarse de la necesidad de continuar haciendo aportaciones económicas.
Sin embargo, Cairat ha advertido que esta situación no se puede alargar indefinidamente. “No se puede dilatar mucho más en el tiempo”, ha señalado, añadiendo que si finalmente no fructificara la llegada de capital privado, habría que plantear otras alternativas, como un cierre parcial de actividades o un cierre ordenado de la sociedad.
Según el cónsul, el cierre de Naturland podría tener un impacto económico de entre 14 y 15 millones de euros, teniendo en cuenta las posibles indemnizaciones de personal, la restitución de los terrenos a su estado original y el retorno de la deuda con el ayuntamiento y las entidades financieras.
Este gasto, ha advertido Cairat, condicionaría durante años la capacidad inversora de la parroquia. “El ayuntamiento se tendría que dedicar a retornar todo este coste y no podría destinarlo a nuevos proyectos de inversión o a otras actuaciones para la parroquia”, ha explicado.
Por este motivo, la corporación apuesta ahora por ordenar la situación económica y patrimonial de Camprabassa con la esperanza de que un inversor privado se interese por el proyecto. “Nuestra máxima prioridad es encontrar la entrada de capital privado y librar financieramente al ayuntamiento de la sociedad”, ha concluido Cairat.
Desde la oposición han votado a favor asegurando que “no podía ser de otra manera”, ha aseverado el consejero a la minoría, Josep Majoral. El político ha recordado que durante el mandato anterior ya había contactos con posibles inversores interesados en adquirir la sociedad. “Cuando dejamos el consulado sí que había algún inversor interesado en adquirir la sociedad, esto es así”, ha afirmado.
El consejero de la oposición ha defendido que su formación siempre ha apostado por la continuidad del proyecto y porque Naturland pueda convertirse en un elemento dinamizador de la economía de la parroquia. “Siempre hemos apostado que Naturland tiene que acabar saliendo y tiene que acabar siendo motor económico de la parroquia”, ha remarcado.
El Hotel Pol pasa a ser bien de interés público para impulsar la futura residencia universitaria
El comú de Sant Julià de Lòria ha declarado el Hotel Pol como bien de interés público, un paso que permitirá sacar a concurso la concesión administrativa del edificio para convertirlo en una residencia universitaria. La propuesta se ha llevado a votación en sesión de consejo de comú y ha sido votada por unanimidad.
El cónsul mayor, Cerni Cairat, ha explicado que el objetivo es garantizar que el proyecto dé servicio al interés general, especialmente a los estudiantes de los centros de enseñanza superior y, de manera prioritaria, de la Universitat d'Andorra.
Cairat ha destacado que el nuevo plan de viabilidad rebaja de manera significativa los precios previstos inicialmente. Así, las habitaciones dobles, de entre 25 y 30 metros cuadrados, tendrían un coste de 700 euros mensuales, es decir, 350 euros por estudiante, muy por debajo de los 1.800 euros por habitación que contemplaba el planteamiento anterior.
El cónsul también ha avanzado que el Gobierno participará en el proyecto con una aportación económica, aunque todavía se está definiendo la fórmula jurídica y el importe. Esta contribución combinará una inversión inicial y una participación diferida para garantizar la viabilidad económica de la concesión y mantener unos precios asequibles para los estudiantes. Según Cairat, ya hay operadores privados interesados en el proyecto.
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