El nuevo Copríncipe episcopal de Andorra, Josep-Lluís Serrano Pentinat, ha designado a Víctor Torre de Silva y López de Letona como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, en sustitución del miembro saliente. El nombramiento responde a una prerrogativa directa de los Copríncipes, que, según la Constitución andorrana, tienen derecho a designar cada uno un magistrado del máximo órgano de interpretación constitucional del país.
La decisión, a pesar de ser legalmente impecable, no ha pasado desapercibida en el ámbito político andorrano, especialmente por el perfil ideológico y la trayectoria profesional del nuevo magistrado, y es que Torre de Silva (Bilbao, 1966) es un jurista español de reconocido prestigio, con una sólida formación académica: licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid —con premios extraordinarios—, máster en Derecho por la Universidad de Harvard y doctor en Derecho Administrativo.
En el ámbito profesional, ocupa actualmente el cargo de letrado mayor del Consejo de Estado de España, una de las instituciones jurídicas más relevantes del Estado español. También ha desarrollado una larga carrera docente en universidades privadas de referencia, especialmente en el ámbito del derecho público y constitucional.
Más allá de su currículum académico, lo que ha generado más debate es su trayectoria institucional durante los gobiernos del Partido Popular en España en los que fue Director del gabinete de la Presidencia del Congreso de los Diputados entre 1996 y 2000 y Subsecretario del Ministerio de Defensa entre 2000 y 2004, bajo el mandato del ministro Federico Trillo. Además, se le vincula estrechamente al Opus Dei
Estos cargos de máxima confianza política lo sitúan claramente dentro de la órbita de los gobiernos de Aznar y han consolidado la percepción de un perfil ideológico conservador, especialmente en materia institucional, constitucional y de separación de poderes. Además, el nuevo miembro del Tribunal Constitucional no entiende ni jota de catalán, la lengua en la que en teoría, debería hacer su trabajo.
El Tribunal Constitucional de Andorra tiene un papel clave en cuestiones sensibles como los derechos fundamentales, el encaje institucional del país o debates sociales de gran trascendencia. En este contexto, el nombramiento de un magistrado con un perfil conservador marcado ha abierto interrogantes sobre la orientación futura de determinadas resoluciones.