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El Grupo Parlamentario Socialdemócrata ha presentado una solicitud de amparo al Síndic General tras la respuesta recibida del Ministerio de Finanzas sobre la petición de información de los balances y cuentas de resultados detallados de Banca Privada de Andorra correspondientes a los ejercicios de 2014 a 2025.
Según el PS, el Gobierno se ha limitado a trasladar la posición de la Agencia Estatal de Resolución de Entidades Bancarias, la AREB, que considera que la información solicitada tiene carácter reservado y que no puede ser facilitada por el deber de secreto previsto en la normativa.
Críticas a una interpretación “restrictiva”
Los socialdemócratas aseguran que no entienden esta respuesta y defienden que el nuevo marco reglamentario, tras la modificación del Reglamento del Consejo General, debería permitir a los consejeros generales acceder a la información necesaria para ejercer sus funciones de control parlamentario.
“No entendemos por qué el Gobierno no ha entregado la información solicitada y consideramos necesario que sea Sindicatura quien determine si esta negativa es compatible con el derecho de los consejeros generales a disponer de la información necesaria para ejercer sus funciones”, exponen en un comunicado.
Defensa del control parlamentario
El PS considera imprescindible que Sindicatura intervenga para garantizar que los consejeros y consejeras generales puedan fiscalizar la actuación de los organismos públicos y las decisiones que afectan a los intereses generales del país.
“La transparencia del dinero público debe ser la base de cualquier democracia”, defienden. Los socialdemócratas alertan de que el control parlamentario puede quedar vacío de contenido si los representantes escogidos por la ciudadanía no tienen acceso a la información que necesitan.
Una cuestión ya debatida con la normativa de la AREB
El grupo también recuerda que esta cuestión ya se planteó durante la tramitación de la normativa de la AREB. En aquel momento, los socialdemócratas defendieron que el deber de reserva no debía impedir el ejercicio de las funciones de control parlamentario, pero sus propuestas fueron rechazadas por la mayoría.
Ante una respuesta que, según el partido, continúa limitando el acceso del Consejo General a esta información, el PS asegura que no puede “mirar hacia otro lado”.
“No entendemos ni compartimos las formas con que el Gobierno está gestionando esta cuestión y, especialmente, no compartimos este oscurantismo institucional cuando lo que está en juego es el derecho del Consell General a disponer de la información necesaria para ejercer su función de control”, reivindican.
