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El presidente suplente del grupo parlamentario socialdemócrata y consejero general, Pere Baró, ha presentado una demanda de información al Gobierno para conocer con detalle si los criterios establecidos responden a las necesidades reales de las familias de Andorra.
La petición se produce a raíz del proceso de adjudicación de las viviendas de la Borda Nova I, donde, de las 44 viviendas disponibles, 36 han podido ser adjudicadas en la primera convocatoria, mientras que el resto deberán ser objeto de una nueva convocatoria.
Para el GPS, esta situación debe servir para ir más allá de la cifra de viviendas que han quedado vacantes y analizar qué está pasando con las personas que necesitan acceder a una vivienda asequible: “Que algunas viviendas no se hayan podido adjudicar no significa necesariamente que no haya necesidad de vivienda pública. Hay que saber cuántas personas querían acceder a ella, cuántas cumplían los requisitos y, sobre todo, cuántas personas en situación de necesidad están quedando fuera del sistema y por qué”, señala Baró.
La demanda de información reclama al Gobierno datos sobre el número de personas inscritas en el Registro de solicitantes de vivienda a precio asequible, las personas que cumplen los requisitos, las solicitudes presentadas y los motivos por los cuales determinadas personas han sido excluidas.
El PS también quiere conocer el perfil socioeconómico de las personas solicitantes: sus ingresos, la composición de las unidades de convivencia, la presencia de menores, la situación laboral, la situación residencial actual y, especialmente, qué porcentaje de sus ingresos destinan al pago del alquiler.
Para los socialdemócratas, esta información es imprescindible para determinar si los criterios actuales están identificando realmente a las personas que tienen más dificultades para acceder a una vivienda.
“Necesitamos saber si tenemos un problema de falta de demanda o si tenemos un problema de requisitos. No es lo mismo que no haya personas que necesiten estas viviendas que el hecho de que haya personas que las necesiten, pero no puedan acceder a ellas porque no cumplen unos criterios determinados”, afirma el PS.
Uno de los elementos que el grupo parlamentario socialdemócrata considera especialmente relevante es la evolución del coste del alquiler durante los meses venideros.
La demanda de información pide al Gobierno si, a la hora de valorar la situación de las personas solicitantes, se tiene en cuenta únicamente su situación actual o también la evolución previsible del gasto de vivienda.
En particular, el PS quiere saber cuántas personas que actualmente no superan el umbral del 30% de los ingresos destinados al alquiler podrían superarlo durante el año 2027 a consecuencia de la actualización de sus rentas.
“Una familia que hoy no supera el 30% de sus ingresos destinados al alquiler puede encontrarse en una situación completamente diferente dentro de unos meses. Si los criterios solo tienen en cuenta la fotografía actual, corremos el riesgo de que el sistema llegue tarde a las necesidades de muchas familias”, señala el grupo socialdemócrata.
Por este motivo, el PS pide saber si el Gobierno o el Instituto Nacional de la Vivienda han elaborado proyecciones sobre la evolución de la demanda de vivienda pública durante los años 2027 y 2028 y sobre el impacto que pueden tener los incrementos de las rentas sobre las familias.
El grupo parlamentario socialdemócrata también considera necesario analizar si las tipologías de las viviendas que forman parte del parque público responden a la composición real de los hogares que necesitan acceder a ellas.
En este sentido, la demanda de información pide conocer cuántas personas pueden optar a cada una de las tipologías de vivienda disponibles y cuántas personas, a pesar de cumplir los requisitos generales, no pueden acceder a determinadas viviendas porque estas no se adaptan a su situación familiar.
Para el PS, la política de vivienda pública no puede limitarse a construir viviendas, sino que debe asegurar que la oferta, los requisitos y los mecanismos de adjudicación estén alineados con las necesidades de la población.
Los socialdemócratas consideran que el caso de La Borda Nova debe servir para abrir un debate más amplio sobre el modelo de vivienda pública del país.
“Necesitamos un parque público que sea capaz de dar respuesta a las necesidades actuales, pero también de anticipar las que tendremos mañana. Si sabemos que el mercado del alquiler está tensionado y que muchas familias pueden ver aumentada su gasto de vivienda, los criterios de acceso también deben ser capaces de anticipar esta realidad”, defiende el PS. Por este motivo, la demanda de información también solicita al Gobierno los estudios, informes y análisis que expliquen las causas por las cuales no se han podido adjudicar todos los viviendas de la Borda Nova I, y también información sobre la segunda convocatoria prevista y sobre los posibles cambios en los requisitos de acceso.
El grupo parlamentario socialdemócrata considera que la vivienda asequible no puede ser solo una cuestión de número de pisos construidos, sino también de garantizar que las personas que realmente los necesitan puedan acceder a ellos.
“El objetivo debe ser que ninguna familia quede fuera del parque público simplemente porque los criterios administrativos no son capaces de reflejar su situación real o la que tendrá dentro de unos meses.”
