El Partido Socialdemócrata ha denunciado la contradicción entre el discurso del jefe de Gobierno, Xavier Espot, que defiende Andorra como un país de acogida, y los cambios introducidos en la legislación de inmigración, que según la formación pueden tener consecuencias graves para familias con hijos menores.
En rueda de prensa, el presidente del PS, Pere Baró, ha recordado que Andorra se ha construido con el esfuerzo de miles de personas venidas de todas partes y ha criticado que no se puede defender una cosa en público y aplicar otra en la práctica administrativa. “No se puede defender una Andorra de acogida en los discursos y aplicar una Andorra de exclusión en los expedientes administrativos”, ha afirmado.
La formación pone el foco en la modificación del artículo 73.q de la Ley cualificada de inmigración, incorporada a través de la Ley 5/2025. Según Baró, este cambio permite que la situación administrativa irregular de un hijo menor pueda acabar afectando la autorización de residencia y trabajo de sus progenitores.
Inseguridad jurídica y unidad familiar
El PS alerta de que esta reforma genera inseguridad jurídica y puede vulnerar el principio del interés superior del menor y el derecho a la unidad familiar, una preocupación que, según los socialdemócratas, también ha sido advertida por el síndico de agravios.
El candidato del PS a jefe de Gobierno, Gerard Alís, ha situado el debate en el modelo de país. Alís ha defendido que Andorra necesita continuar atrayendo personas para garantizar el funcionamiento de sectores esenciales, pero ha criticado que el ejecutivo “necesita trabajadores, pero dificulta que puedan vivir como personas”.
Los socialdemócratas insisten en que las políticas migratorias deben ser ordenadas y responsables, pero también respetuosas con los derechos humanos, la proporcionalidad y la protección de los menores.
Suspensión de expedientes y vía de regularización
Ante esta situación, el PS reclama la suspensión inmediata de los procedimientos en curso que puedan comportar anulaciones de autorizaciones de residencia y trabajo por la situación irregular de un hijo menor de edad.
La formación también pide una valoración individualizada de cada caso, una vía de regularización para las familias afectadas, la revisión de la normativa para reforzar la unidad familiar y el interés superior del menor, y la publicación de datos agregados sobre la aplicación de esta reforma.
Finalmente, el Partido Socialdemócrata ha instado al Gobierno a actuar con coherencia con sus propias declaraciones y ha defendido que “un país de acogida no se define por lo que dice, sino por la manera como trata a las personas que viven, trabajan y construyen su futuro en el país”.
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