Una comunicación interna reciente ha encendido las alarmas dentro del sector educativo: diversos centros han trasladado al profesorado que eviten responder consultas de medios de comunicación relacionadas con su actividad docente. La indicación, hecha de manera verbal y sin ninguna circular oficial, ha sido interpretada de maneras muy diferentes dentro del colectivo y ha abierto un debate intenso sobre los límites de la libertad de expresión en el ámbito educativo.
Una parte del profesorado asegura que ha recibido la instrucción como un simple recordatorio del deber de reserva que recoge la Ley de la función pública. Otros docentes, sin embargo, la ven como una injerencia innecesaria que podría impedirles compartir experiencias educativas, reflexiones sobre metodologías u opinión profesional sobre el estado del sistema.
Según fuentes consultadas por la Agencia de Noticias Andorrana (ANA), el mensaje recomendaba no atender directamente preguntas de periodistas para “evitar difundir información interna”. Pero muchos encuentran que esta explicación es demasiado genérica y excede lo que marca la normativa.
El profesorado crítico señala que el artículo 74 de la Ley de la función pública se refiere solo a datos sensibles o asuntos reservados, y no a comentarios generales sobre prácticas docentes o valoraciones personales. Por ello consideran que se corre el riesgo de generar un “silencio preventivo” innecesario que empobrezca el debate público sobre educación.
Agravio comparativo y falta de coherencia
Este malestar ha aumentado cuando se ha puesto sobre la mesa que hay docentes que publican habitualmente artículos de opinión en medios nacionales sin ninguna limitación explícita. Algunas fuentes interpretan esta diferencia como una incoherencia: se pide silencio a unos mientras otros pueden expresarse sin ningún inconveniente.
Para estos docentes, el problema no es solo la instrucción en sí, sino la ambigüedad con la que se ha transmitido. Consideran que el efecto práctico puede ser disuasorio para aquellos profesionales que querrían aportar su testimonio pedagógico, pero que temen vulnerar una norma que, según ellos, no está clara ni escrita.
El Govern defiende que no restringe la libertad de expresión
En respuesta a la polémica, el Gobierno ha querido aclarar cuál es el procedimiento oficial. Según explica, las intervenciones de los docentes dependen del tipo de petición que haga el medio:
- Si el periodista contacta a título personal, el docente puede decidir libremente si quiere conceder la entrevista.
- Si la solicitud implica entrar en el centro, filmar o explicar proyectos curriculares, entonces sí que se activan protocolos de coordinación para garantizar orden y evitar duplicidades o malentendidos.
La voluntad, afirman, es asegurar un funcionamiento coherente entre centros, no limitar la voz de los profesionales. El Govern insiste en que no ha ordenado ningún veto generalizado ni ha dictado ninguna norma que restrinja el derecho de expresión del profesorado.
El caso que lo ha desencadenado: preguntas puramente pedagógicas
El origen inmediato de la controversia es una entrevista solicitada a una docente sobre cuestiones estrictamente didácticas: cómo enseña la historia de Andorra, cómo trabaja con los alumnos los conceptos de identidad o qué materiales utiliza con el nuevo currículum. No se pedía entrar en el centro ni filmar ninguna actividad.
Por eso, dentro del sector hay voces que consideran que la profesora podría haber respondido sin problema, ya que las cuestiones no entraban dentro del ámbito de los protocolos que el Gobierno dice querer preservar.
El episodio ha vuelto a abrir el debate sobre el lugar que ocupa la voz docente en el espacio público. Muchos profesionales defienden que la transparencia y la participación en el debate pedagógico son esenciales para mejorar el sistema. Otros creen que es necesaria más prudencia a la hora de hablar con los medios. Y algunos lamentan que estas indicaciones se transmitan de forma poco clara y provoquen desconcierto entre el personal.
Lo que es evidente es que el tema continuará generando discusión. El profesorado reclama normas escritas, criterios homogéneos y, sobre todo, respeto por una libertad de expresión que consideran esencial para contribuir a un debate educativo vivo, honesto y transparente.