Los cónsules mayores de Escaldes-Engordany y de San Julián de Loria, Rosa Gili y Cerni Cairat, trasladaron este martes, tras la reunión de cónsules, tres preocupaciones compartidas por los siete comunes: matrimonios presuntamente de conveniencia, más recursos para la seguridad y la convivencia y la falta de la refundición de los estudios de capacidad de carga encargada al Gobierno
Matrimonios de conveniencia. Los representantes comunales advirtieron que algunos consejeros que ofician bodas civiles han detectado “casos extraños” en la manera en que se abordan algunas ceremonias, que podrían responder a pagos para obtener permisos de residencia.
A pesar de remarcar que no hay pruebas concluyentes y que la autorización corresponde al Registro Civil, los comunes trasladarán la inquietud al Consejo General para que se valoren eventuales cambios legales. Entre las ideas mencionadas está el hecho de alargar plazos de tramitación, que podría disuadir abusos, si bien se admite que también perjudicaría a parejas legítimas. El objetivo, insistieron, no es restringir el derecho a casarse, sino prevenir usos fraudulentos del marco vigente.
Seguridad y vandalismo. Ante episodios recientes de peleas entre jóvenes en torno a equipamientos juveniles, los comunes preparan un plan conjunto para reforzar la vigilancia y la coordinación con el Cuerpo de Policía. La previsión es invertir cerca de 2 M€ en 2026 en tecnología (cámaras, sistemas de control) y recursos humanos, y agilizar el traspaso de imágenes mediante un convenio específico para actuar tanto preventivamente como de manera reactiva. El mensaje institucional quiere evitar el alarmismo y proteger el valor país que representa la seguridad y la convivencia.
Capacidad de carga y planeamiento. Gili y Cairat denunciaron la indeterminación que genera que, un año después de entregar los siete estudios parroquiales, el Gobierno todavía no haya presentado la refundición con criterios comunes y vinculantes. Algunos comunes están cerrando o a punto de cerrar revisiones urbanísticas y temen tener que reabrir documentos si llegan indicaciones tardías.
Este jueves hay prevista una reunión con el jefe de Gobierno y los ministerios implicados para aclarar el alcance de las demandas de información, algunas de las cuales —según los comunes— exceden el encargo inicial e invaden competencias (educación, movilidad, energía). Reclaman celeridad y certeza para planificar con coherencia y contener crecimientos desmesurados en puntos sensibles del territorio.