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El Gobierno ha dado luz verde al proyecto de ley de fomento de la promoción privada de viviendas destinadas al alquiler asequible, una iniciativa que incorpora un nuevo paquete de incentivos para ampliar este parque movilizando capital privado.
La ministra de Presidencia, Economía, Trabajo y Vivienda, Conxita Marsol, ha detallado tras el Consejo de Ministros que una de las piezas centrales será una subvención directa del 10% del coste de construcción acreditado, calculada sobre un coste máximo elegible de 2.400 euros por metro cuadrado. La dotación inicial prevista para este esquema de ayudas es de 1,5 millones de euros anuales.
Un programa abierto durante dos años
El mecanismo tendrá una ventana de presentación de solicitudes de dos años y se dirige tanto a personas físicas como jurídicas. Las ayudas se podrán aplicar a proyectos de nueva edificación, rehabilitación o recuperación de inmuebles existentes, reformas para adaptar fincas al uso residencial y también cambios de destino de edificios.
Más allá de la subvención directa, el texto combina incentivos económicos, fiscales, financieros y urbanísticos. En el ámbito de la financiación, prevé préstamos a Euríbor más un 0%, con garantía hipotecaria de hasta 25 años y una cobertura del Gobierno que puede llegar al 100% durante este periodo. El proyecto también incluye una garantía ante posibles impagos del alquiler, con una cobertura de hasta seis mensualidades, que posteriormente deberá retornar el propietario.
Ventajas fiscales y facilidades urbanísticas
La propuesta incorpora, además, beneficios fiscales estatales y comunales, y también diversas facilidades en materia urbanística. Entre estas medidas se encuentran la exención de determinadas tasas e impuestos relacionados con la construcción, la propiedad y los ingresos generados por las viviendas mientras continúen destinadas al alquiler asequible, junto con algunas simplificaciones vinculadas a la edificación, la energía y la habitabilidad.
A cambio, los promotores deberán mantener las viviendas dentro del régimen de alquiler asequible durante un mínimo de 15 años. Marsol ha explicado que este plazo se ha establecido teniendo en cuenta el conjunto de subvenciones y ventajas fiscales incluidos en el programa.
Los pisos deberán estar en el mercado en un máximo de tres meses después de finalizar las obras, mientras que los trabajos deberán iniciarse en los seis meses posteriores a la obtención de la licencia y culminar en un plazo máximo de tres años.
Precio máximo del alquiler y titularidad privada
La renta estará limitada por el precio correspondiente a la vivienda asequible. Para 2026, la referencia máxima general es de 13,20 euros por metro cuadrado, con coeficientes de reducción según la parroquia, y el importe se actualizará cada año de acuerdo con el IPC. Las viviendas no se podrán destinar a uso turístico ni superar la renta máxima fijada.
Los pisos continuarán bajo titularidad privada y los propietarios mantendrán la facultad de elegir a los inquilinos. Marsol ha subrayado que, por este motivo, no se trata de inmuebles que pasen a integrar el parque público, sino de viviendas privadas sujetas durante 15 años a las condiciones del programa. En caso de transmisión del inmueble, el comprador quedará subrogado en las obligaciones que aún restasen pendientes.
Control administrativo y comisiones parroquiales
El seguimiento se hará mediante los contratos de alquiler, que deberán depositarse en los comunes, y también a través de la supervisión de la Administración. El proyecto contempla, además, una comisión técnica en cada parroquia, integrada por dos representantes del Gobierno y dos del común, que deberá emitir un informe sobre cada iniciativa presentada.
Andorra la Vella y el 10% adicional de edificabilidad
Preguntada por la propuesta del nuevo POUP de Andorra la Vella, que plantea un 10% adicional de edificabilidad en el fondo de valle si este incremento se destina a vivienda asequible, Marsol ha indicado que aún no dispone de suficiente información para valorar la medida con detalle.
La ministra ha explicado que el Gobierno aún no ha tenido acceso al proyecto completo y que será necesario conocer los detalles antes de fijar una posición. "Todo lo que es a favor de la vivienda lo valoramos", ha afirmado, aunque ha insistido en que ahora mismo no puede hacer un análisis específico de la propuesta del Común de Andorra la Vella.
El nuevo POUP plantea este incremento como una opción vinculada a la destinación de los metros cuadrados adicionales a vivienda asequible. Según la propuesta, los propietarios podrían aplicar esta edificabilidad extra a sus promociones o acumularla en una parcela concreta dentro del plan parcial para desarrollar allí una promoción específica.
Una previsión de entre 180 y 210 viviendas
En cuanto al impacto previsto del programa, Marsol ha apuntado que se consideraría satisfactorio que durante los dos años de vigencia se impulsaran entre seis y siete edificios, con una media de unos 30 viviendas por inmueble. Esta cifra situaría el abanico global en unos 180 a 210 pisos, aunque la ministra ha remarcado que se trata de una estimación y no de un objetivo garantizado.
La titular de Vivienda ha defendido que el plan quiere complementar el crecimiento del parque público con nuevas promociones privadas sometidas a un precio regulado durante un periodo determinado. Según ha explicado, la finalidad es ampliar la oferta disponible y contribuir a un mercado de alquiler con más viviendas asequibles.
Renuncia a ingresos tributarios y régimen sancionador
Sobre el efecto de las exenciones fiscales, Marsol ha remarcado que el Gobierno no las plantea como una pérdida de ingresos, sino como una renuncia a determinados recursos tributarios con el objetivo de aumentar la oferta de vivienda de alquiler asequible. La ministra ha defendido que los incentivos deben valorarse conjuntamente con la obligación impuesta a los promotores de mantener los pisos dentro del régimen asequible durante 15 años.
El proyecto de ley también fija un régimen sancionador en caso de incumplimiento. Exigir una renta u otras contraprestaciones superiores a las autorizadas se penalizará con una multa equivalente al 50% de la anualidad resultante de la renta y de las contraprestaciones efectivamente exigidas en el momento de la infracción.
Las otras infracciones graves se castigarán con multas de entre 3.000 y 10.000 euros. En el caso de las infracciones muy graves, la sanción será de entre una y dos veces el importe de los incentivos económicos, tributarios, urbanísticos y otros beneficios públicos económicamente cuantificables percibidos o aplicados a las viviendas afectadas, con un mínimo que no podrá ser inferior al 100% de la anualidad de la renta máxima asequible correspondiente a los pisos afectados.
