Es bien sabido que Andorra mantiene una fiscalidad sobre el tabaco mucho más baja que la de los países vecinos, y que, precisamente por este motivo, el Principado se ha convertido en un polo de atracción para compradores fronterizos y turistas. En este contexto, el país sigue de cerca la actualidad en materia de política fiscal europea sobre el tabaco, ya que, según apuntan algunos medios económicos españoles, existe la posibilidad de que la Unión Europea impulse un incremento significativo de los impuestos aplicados a este producto con el objetivo de destinar estos ingresos a nuevas partidas, como los gastos en defensa.
Concretamente, tal y como recogen las noticias, desde Bruselas se estaría estudiando la creación de nuevos impuestos sobre determinados productos, como el tabaco y los residuos electrónicos. El objetivo sería evitar una mayor presión sobre otros instrumentos como el Sistema de Comercio de Emisiones (ETS). En relación con esta cuestión, una filtración de un informe elaborado por la oficina de enlace del estado alemán en Bruselas confirma que la Comisión Europea contempla un incremento del 139% de los impuestos sobre los cigarrillos, en el marco de una reforma de la directiva sobre los impuestos especiales del tabaco. De hecho, esta propuesta ya ha generado las primeras reacciones, como la de la ministra de Finanzas de Suecia, que ha manifestado su rechazo a través de las redes sociales afirmando que no considera aceptable que estos ingresos vayan directamente al presupuesto comunitario en lugar de quedarse en los estados miembros.
Ante este escenario, ¿Andorra se plantearía adoptar medidas similares? O, más concretamente, ¿se valoraría destinar parte de los ingresos derivados de la venta de tabaco a la financiación de proyectos concretos, como los relacionados con la salud o la prevención? En este sentido, fuentes del ejecutivo han recordado que la política fiscal andorrana sobre el tabaco se ha enfocado históricamente en mantener un diferencial de precio con los países vecinos —Francia y España—, que permita preservar la competitividad del país en este ámbito. Así, si estos estados aplicaran una subida de impuestos, Andorra también podría revisar sus tasas para mantener este margen. De hecho, el año pasado ya se llevó a cabo una actualización de las tasas en esta línea.
Según estas mismas fuentes, por ahora no hay ningún cambio previsto, pero el Gobierno se mantiene atento a la evolución de la fiscalidad en los países vecinos y no descarta nuevos ajustes en el futuro si fuera necesario. Por otra parte, y en cuanto a la naturaleza de esta tasa, inciden en que no se trata de un impuesto finalista, es decir, los ingresos que se obtienen no están destinados a una partida concreta, sino que se utilizan para financiar los gastos generales del Estado. En este sentido, desde el ejecutivo se ha recordado que el ministerio de Salud es el departamento con el presupuesto más elevado del Gobierno y que, por lo tanto, recibe una parte significativa de los recursos públicos.
