El Ministerio de Justicia e Interior ha sancionado a tres empresas del país por infringir la ley cualificada de inmigración en relación con la contratación ilegal de trabajadores. Según publica este miércoles el Boletín Oficial del Principado de Andorra (BOPA), desde el ministerio se ha acordado una sanción de 3.300 euros para cada una de las tres sociedades.
Las multas se han hecho públicas a través del BOPA ante la imposibilidad de contactar con los representantes de las empresas para proceder a la notificación. De esta manera, y siguiendo lo que establece el Código de la Administración, ahora los representantes disponen de un plazo de ocho días hábiles para personarse en las dependencias del Departamento de Policía, a fin de proceder a la notificación en persona de los actos por los que se inicia el expediente. En caso de no hacerlo, y de acuerdo con la previsión legal, se considerará que la notificación ha sido correctamente efectuada.
Un procedimiento administrativo habitual
El ministro portavoz, Guillem Casal, ha hecho referencia a las sanciones publicadas en el BOPA y ha precisado que se trata “de un procedimiento habitual que hacen todos los ministerios”. En este sentido, ha querido remarcar que “estas hacen referencia a la ley de inmigración” y que el Gobierno “hace su trabajo de supervisión y de hacer cumplir los preceptos escritos por la normativa, sea legal o reglamentaria”.
Casal ha señalado que estas sanciones responden, probablemente, a que “estas empresas no tenían regularizados a sus asalariados en el país” y que, tras “llevarse a cabo las indagaciones pertinentes, se hace una sanción a la empresa concreta”. Aun así, ha reconocido que no puede “determinar durante el último mes o el último año o durante los últimos diez años cuáles han sido las sanciones que se han hecho en este sentido”, ya que el número de casos puede variar según el período y la intensidad de los controles.
No hay un aumento de los trabajadores irregulares
El ministro ha querido desligar estas sanciones de un supuesto incremento de trabajadores irregulares en el país, subrayando que “no podemos hacer una relación en torno a la problemática que hay últimamente en torno a un gran número de trabajadores irregulares en nuestro país”.
Según Casal, “las cifras de las investigaciones que tendremos que hacer o de los controles que tendremos que hacer hasta el día de hoy no muestran que haya un aumento de esta situación”. Por este motivo, ha pedido “que no hicieran un abuso de lenguaje” y ha insistido en que “no es porque haya cuatro comunicaciones publicadas en el BOPA, significa que haya un aumento de las sanciones en este sentido”.
Control y cumplimiento de la normativa
Desde el Gobierno se defiende que este tipo de actuaciones forman parte de la tarea ordinaria de control y seguimiento de la legalidad en materia laboral y de inmigración. El Ministerio de Justicia e Interior recuerda que su función es garantizar que todas las empresas cumplan con las obligaciones establecidas por la ley, especialmente en lo que respecta a la regularización de los trabajadores extranjeros y a la protección de los derechos laborales.
Con estas sanciones, el Ejecutivo reafirma su compromiso con la transparencia y la legalidad del mercado laboral andorrano, al tiempo que reitera que no existe una tendencia creciente de trabajadores irregulares en el país, sino que se trata de casos puntuales detectados en el marco de los controles habituales.
