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Dos años después de la aprobación de la Ley de la lengua propia y oficial, uno de sus elementos más visibles, la vinculación entre el conocimiento del catalán y la renovación de los permisos de residencia y trabajo, afronta una nueva "flexibilización" impulsada por el mismo grupo parlamentario que da apoyo al Gobierno.
Demòcrates per Andorra (DA) ha presentado una enmienda a la modificación de la Ley cualificada de inmigración que permitiría dar más margen a determinados residentes que no hayan podido alcanzar el nivel de catalán requerido, especialmente cuando existan, dicen, dificultades de comprensión. La propuesta busca evitar que la falta de acreditación lingüística comporte necesariamente la pérdida del permiso si la persona continúa formándose y concurren las circunstancias previstas.
La medida modifica, en la práctica, el punto más importante de esta ley y con la que se había presentado inicialmente el requisito lingüístico.
La normativa impulsada por el Gobierno había establecido que, a partir de las cuotas correspondientes, los titulares de una autorización de residencia y trabajo debían acreditar un nivel A1 de catalán en la primera renovación y un A2 en la segunda. El mismo Gobierno continúa informando actualmente que el A1 es necesario para la primera renovación. Recordemos que el nivel A1 requiere saber explicar cómo te llamas, cuatro colores y cuatro números, poca cosa más.
El objetivo declarado de la Ley de la lengua propia y oficial era reforzar el uso social del catalán y favorecer la integración lingüística de las personas que llegan al país. El Gobierno presentó precisamente la vinculación entre inmigración y conocimiento de la lengua como uno de los principales retos de la integración en el país.
Más excepciones: los profesores franceses
La flexibilización vuelve a poner sobre la mesa otra particularidad del sistema: no todas las personas extranjeras que trabajan durante años en Andorra están sometidas al mismo mecanismo ordinario de renovación.
El personal dependiente del Ministerio de Educación Nacional francés destinado a los centros del sistema educativo francés, entre los cuales hay el Lycée Comte de Foix, dispone de un régimen específico derivado del convenio entre Andorra y Francia.
El artículo 19 del convenio establece que este personal obtiene, desde el momento del nombramiento, una autorización de residencia y trabajo de una duración igual a su asignación en Andorra (a veces llevan aquí décadas). Sus familiares también obtienen una autorización de residencia por la misma duración y condiciones.
Esto significa que el profesor enviado por el Ministerio francés no sigue el mismo esquema de renovaciones ordinarias que otro trabajador extranjero que llega al Principado con una autorización de residencia y trabajo sujeta a los requisitos generales.
El convenio educativo también determina que el personal de los centros franceses depende del Estado francés y está sometido a la reglamentación estatutaria correspondiente. Andorra, por su parte, aporta específicamente el profesorado encargado de la enseñanza de la lengua catalana y de las ciencias humanas y sociales de Andorra.
Esta especificidad resulta especialmente significativa si se compara con las exigencias aplicadas a otros residentes: mientras que un trabajador sometido al régimen ordinario debía acreditar el A1 para la primera renovación, el personal francés destinado a Andorra dispone de una autorización ligada a la duración de su asignación sin necesidad de aprender la lengua.
Una ley que acumula matices
La cuestión de fondo es hasta qué punto las sucesivas excepciones y flexibilizaciones pueden alterar el alcance que se quiso dar inicialmente a la ley.
El Gobierno había anunciado que, superado el período transitorio, para las primeras renovaciones afectadas sería necesario presentar un diploma oficial A1 o una titulación equivalente reconocida, mientras que para la segunda renovación se exigiría el A2.
Ahora, la enmienda de DA abre la puerta a introducir mecanismos para que determinadas personas puedan mantener el permiso aunque no hayan superado el requisito en los términos inicialmente previstos.
La justificación de la modificación es evitar que personas integradas laboralmente tengan que abandonar el país por no haber alcanzado a tiempo el nivel lingüístico y darles la oportunidad de continuar formándose, por lo tanto, el cambio de DA presupone que una persona se puede integrar laboralmente con un año pero no saber decir cuatro palabras en catalán en el mismo período.
El debate, sin embargo, deja dos realidades sobre la mesa: el catalán continúa siendo formalmente un requisito para renovar determinadas autorizaciones de residencia y trabajo, pero el sistema incorpora cada vez más supuestos en los que la aplicación de este requisito puede ser diferente.
Y esto sitúa el debate ya no tanto en si Andorra exige conocimientos de catalán a los nuevos residentes, sino en a quién se los exige, sino los mecanismos que tiene alguien que no quiere aprender la lengua para no tener que hacerlo.
