El grupo parlamentario de Concòrdia ha presentado una veintena de enmiendas al Proyecto de ley del presupuesto para el ejercicio 2026. En conjunto, el objetivo es racionalizar el gasto público y reforzar las inversiones reales en vivienda, educación, sanidad e innovación, especialmente en aquellos ámbitos estratégicos para el futuro del país. Para hacerlo posible, la formación reduce en diez millones de euros el presupuesto de Andorra Turisme, ya que considera que no se corresponde con la situación presupuestaria que vive el Estado. Y en concreto, se propone destinar dos millones de euros para el desarrollo de un área de innovación y creación empresarial.
El grupo detalla que el presupuesto que ha planteado el Gobierno para este año es el más elevado de la historia en nuevas contrataciones. Para contener el gasto, pues, Concòrdia propone reducir la partida destinada a altos cargos, entre los cuales se incluye el personal de relación especial, y que actualmente suma casi un millón y medio de euros. Una racionalización que también se aplica a la partida de personal fijo de la Secretaría de Estado para las Relaciones con la Unión Europea, la cual se considera excesiva. En este sentido, como ya hizo con el presupuesto de 2025, la formación reduce notablemente las partidas destinadas a “publicidad y propaganda” y a “estudios y trabajos técnicos” sobre el Acuerdo de Asociación con la Unión Europea, que ascienden a más de 1,2 millones de euros y que reflejan, de manera casi exclusiva, los elementos positivos del Acuerdo.
Concòrdia también reduce las partidas destinadas al transporte aéreo. Por un lado, se considera que debe ser más autosuficiente, siguiendo la tendencia del mercado privado. Y, por otro lado, que la notable inversión en estudios técnicos refuerza una tendencia histórica de Demòcrates: financiar proyectos con un dudoso impacto económico para el país. Se propone, pues, que una parte vaya destinada a avanzar en el proyecto de transporte público segregado, que debería unir las parroquias de Sant Julià de Lòria y Escaldes-Engordany, de acuerdo con el estudio realizado por el recorrido.
Con el objetivo de alcanzar un control más exhaustivo del uso de los fondos públicos, se propone incrementar el ámbito de fiscalización del Tribunal de Cuentas, de manera que todas las entidades privadas que sean beneficiarias de ayudas o subvenciones por un importe de 100.000 euros (ahora son 300.000 euros) deban remitir el informe de auditoría con las correspondientes justificaciones.
Además, se propone eliminar la Agencia Nacional de Ciberseguridad, ya que se considera que sus funciones pueden ser ejercidas de manera efectiva por otros departamentos del Gobierno. De hecho, Concòrdia ya ha manifestado en diversas ocasiones su preocupación por la proliferación de sociedades públicas y organismos, cuyos objetivos se pueden desarrollar directamente desde la misma administración general.
El complemento de productividad a los funcionarios de la Administración General debería quedar fuera de la Ley de presupuestos
El grupo parlamentario de Concòrdia propone eliminar de la Ley del presupuesto la compensación recibida por los funcionarios de la Administración General en concepto de productividad. La formación cuestiona que se dé cobertura legal a una medida que ha sido adoptada a través de un decreto gubernamental y que debería haber sido previamente acordada en el Consell General.
Se trata de una reforma que se impulsó y se hizo efectiva a finales de 2025 y que ahora se quiere incluir en la Ley de presupuestos de 2026.
Refuerzo de las políticas sociales y de igualdad
Una parte de lo que se reduce de la partida del transporte aéreo, Concòrdia la destina a reforzar las áreas de Igualdad y Asuntos Sociales. En concreto, más de 360.000 euros se destinan a la equiparación progresiva de los permisos de nacimiento para el segundo progenitor, de manera que el permiso ya sea de diez semanas en 2026, en lugar de las seis semanas que plantea el Gobierno.
La baja natalidad y el incremento de la esperanza de vida plantean un envejecimiento progresivo de la población. Se propone crear una partida específica para desarrollar un plan estratégico contra la soledad no deseada, de manera que se puedan diseñar políticas para prevenirla y reducirla entre los colectivos de la gente mayor y de las personas vulnerables.
Y teniendo en cuenta que el pasado noviembre se aprobó la Ley de accesibilidad universal, se destinan 2.000 euros a garantizar el buen funcionamiento de la Comisión para el fomento de la accesibilidad, tal como recoge el texto.
Finalmente, con el objetivo de reforzar la cohesión social y la política lingüística nacional, se propone una partida para prever la dotación del material necesario para establecer tres nuevos centros de autoaprendizaje del catalán, en Andorra la Vieja, Ordino y San Julián de Loria, ya que el Gobierno tiene la habilidad, fuera del presupuesto, de dotar a los centros con el personal necesario. Se trata de garantizar la cobertura territorial y facilitar el acceso a la formación y aprendizaje del catalán a todas las personas residentes.
