Concordia quiere que la futura ley de archivos y patrimonio documental dé un paso más en transparencia y preservación de la memoria del país. El grupo parlamentario ha presentado diversas enmiendas al proyecto legislativo con dos objetivos principales: facilitar el acceso de la ciudadanía y de los investigadores a la documentación pública, y garantizar que los archivos digitalizados se puedan conservar y consultar con garantías a lo largo del tiempo.
La formación defiende que el acceso a los documentos no debería limitarse solo a los archivos considerados más relevantes o de mayor interés general. Por ello propone que todos los documentos que no estén afectados por cláusulas de confidencialidad se puedan difundir de manera abierta, de acuerdo con los criterios de transparencia y acceso a la información pública.
Más documentos dentro del sistema de archivos
Una de las enmiendas plantea ampliar el alcance del Sistema de Archivos para que incorpore toda la documentación procedente de instituciones y organismos públicos, incluidas sociedades públicas y parapúblicas. Concordia también quiere que se integren los archivos parroquiales, que considera una pieza importante para enriquecer y preservar el patrimonio documental andorrano.
El grupo también reclama que, cuando el acceso a un documento esté restringido, esta limitación esté debidamente motivada y fundamentada en la normativa de transparencia, protección de datos y acceso a la información pública. Además, propone que se hagan públicos los procedimientos, plazos y formalidades necesarios para consultar este tipo de documentación.
Acceso a los fondos privados con finalidades de investigación
Las enmiendas también abordan el tratamiento de los documentos privados que forman parte del patrimonio documental. Concordia defiende que se pueda acceder a ellos cuando se acrediten finalidades de investigación y siempre que se garantice la protección de datos personales.
En el caso de los fondos privados que reciban subvenciones públicas, la formación propone que la ayuda quede condicionada al establecimiento de regímenes de consulta para personas investigadoras. El objetivo es que el apoyo público también comporte un retorno en forma de acceso al conocimiento y preservación del patrimonio común.
Preservar los archivos digitales a largo plazo
El otro gran eje de las enmiendas es la preservación digital. Concordia advierte que digitalizar documentos no es suficiente si no se garantiza que estos archivos se podrán conservar, recuperar y consultar con seguridad en el futuro.
Por eso propone que el ministerio competente impulse herramientas y apoyo técnico para las administraciones públicas, con el objetivo de asegurar la integridad, autenticidad, disponibilidad y recuperación de los documentos digitalizados.
Ante riesgos como la obsolescencia tecnológica, la pérdida de datos o los incidentes de ciberseguridad, el grupo defiende que la ley incluya la obligación de impulsar protocolos de migración digital periódica, sistemas de copia de seguridad y almacenamiento redundante.
Definir mejor el valor patrimonial
Finalmente, Concòrdia quiere evitar interpretaciones arbitrarias sobre qué se debe considerar patrimonio documental. Por eso propone concretar mejor el concepto de “valor patrimonial” y establecer que incluye todos aquellos documentos susceptibles de aportar información jurídica, histórica o testimonial.
Con estas enmiendas, el grupo parlamentario busca que la nueva ley no solo ordene los archivos, sino que refuerce el derecho de acceso a la información, proteja la memoria documental del país y prepare a las administraciones para afrontar los retos de la conservación digital.