El grupo parlamentario de Concòrdia ha presentado una demanda de información al Gobierno para aclarar el alcance del aumento de expedientes por presuntos reagrupamientos familiares irregulares registrado desde principios del 2026.
La formación quiere entender qué realidad hay detrás de cada caso y cuál ha sido la evolución de los últimos años, especialmente después del endurecimiento de los requisitos económicos para reagrupar familiares y de los cambios en materia de inmigración incluidos en la Ley Ómnibus, vinculada al crecimiento sostenible y al derecho a la vivienda.
Concòrdia defiende que Andorra necesita atraer trabajadores, pero alerta de que, si se quiere retener talento y dar estabilidad al mercado laboral, también hay que facilitar que estas personas puedan desarrollar su proyecto de vida en el país con sus familias.
Familias con menores y permisos de residencia
La presidenta suplente del grupo parlamentario, Núria Segués, ha pedido la relación de expedientes abiertos desde el 2021 hasta hoy por presuntos reagrupamientos familiares irregulares. La información solicitada incluye la fecha de apertura, los motivos que han originado la tramitación y el número de unidades familiares con hijos menores de edad afectadas.
Concòrdia también quiere saber cuántos menores se han visto afectados por estos procedimientos, qué medidas administrativas se han adoptado en los expedientes ya resueltos y cuántas personas han perdido el permiso de residencia a consecuencia de estos casos.
En cuanto a los 68 expedientes abiertos este año, el grupo pide conocer el estado de la tramitación, el número de personas afectadas, si hay menores implicados y la situación laboral de la persona titular del reagrupamiento.
“Punto medio” entre familias y cumplimiento de la ley
Concòrdia plantea que el debate se debe afrontar con una mirada más global y con visión a medio y largo plazo. Según la formación, esto permitiría abordar mejor el problema de los reagrupamientos irregulares y las posibles expulsiones.
El grupo considera que hay que encontrar un equilibrio entre proteger a las familias, especialmente cuando hay menores implicados, y hacer cumplir la ley con seguridad jurídica. También alerta de que los cambios normativos pueden acabar generando situaciones no deseadas si no se analizan con detalle sus efectos reales.
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