Los datos publicados este martes sobre el aumento de la inversión extranjera inmobiliaria en Andorra, que ha superado los 500 millones de euros en 2025 y ha registrado un incremento del 55% en el número de operaciones, evidencian, según Concòrdia, que las medidas impulsadas por el Gobierno hasta ahora “no están funcionando”.
El grupo parlamentario sostiene que las dos Leyes Ómnibus aprobadas hasta ahora no han conseguido frenar la presión sobre el mercado inmobiliario y alerta de que la crisis de la vivienda continúa agravándose.
Críticas a la especulación y a la política actual
Desde Concordia hace tiempo que se denuncia que la situación no se resolverá sin actuar directamente sobre la especulación inmobiliaria y la compra masiva de viviendas por parte de inversores extranjeros.
“Mientras la ciudadanía del país cada vez tiene más dificultades para acceder a una vivienda digna e, incluso, una parte creciente de esta población residente se ve expulsada, el volumen de inversión extranjera en inmuebles continúa aumentando a un ritmo insostenible”, señala la formación.
En este sentido, el grupo considera que “una demostración más de que el impuesto aplicado a estas operaciones no tiene suficiente capacidad disuasoria y de que las políticas actuales son insuficientes. Andorra no puede continuar convirtiéndose en un mercado especulativo orientado, solo, a la acumulación de patrimonio inmobiliario”.
Propuestas legislativas sin apoyo del Gobierno
Concordia asegura haber presentado desde el inicio de la legislatura cuatro propuestas de ley en materia de vivienda e inversión extranjera, ninguna de las cuales ha sido aceptada por el Gobierno.
Entre estas iniciativas hay una reforma de la Ley de inversión extranjera que proponía aumentar el impuesto sobre la compra de inmuebles y establecer zonas de exclusión, así como la suspensión temporal de nuevas licencias de urbanización ante el crecimiento urbanístico.
También se planteaba una reforma fiscal para combatir la especulación inmobiliaria y una modificación de la Ley de inmigración para aumentar la inversión exigida a los residentes sin actividad lucrativa y eliminar la posibilidad de invertir en bienes inmuebles.
“La vivienda es un derecho”
El grupo parlamentario defiende la necesidad de adoptar medidas más estrictas, como limitar a una única vivienda las compras de personas extranjeras no residentes, incrementar la fiscalidad de la inversión inmobiliaria y orientar la inversión extranjera hacia sectores productivos.
“En definitiva, el objetivo final de todas estas propuestas [...] ha sido la necesidad de adoptar medidas más valientes y efectivas”, señalan.
Concordia defiende que “Andorra necesita un modelo económico que sea compatible con el acceso a la vivienda y el mantenimiento de la cohesión social” y alerta que “no podemos caer en la resignación de normalizar una situación en la que trabajar y vivir en el país sea cada vez más difícil”.
La formación concluye recordando que “la vivienda es un derecho y así lo recoge nuestra Constitución” y denuncia que “actualmente, sin embargo, este derecho se está vulnerando de manera creciente”.
