El grupo parlamentario de Concordia ha presentado sus enmiendas al Proyecto de ley de aprobación del régimen jurídico aplicable a los contratos de arrendamiento de vivienda para residencia habitual y permanente para el período 2027-2030.
La formación considera que el nuevo texto es una medida coyuntural más, como las que ha presentado hasta ahora el Govern, que “han servido para ganar tiempo, pero no para atacar la raíz del problema”, ha expresado la presidenta suplente del grupo parlamentario, Núria Segués, ya que los precios del mercado de la vivienda continúan al alza. Y los datos lo demuestran: desde noviembre de 2023, el precio de alquiler ha aumentado un 27%, mientras que el de compraventa lo ha hecho un 28%.
Concordia plantea tres medidas específicas:
- En primer lugar, un incremento solo del IPC en los contratos que se encuentran por debajo de los 12,9 euros/m².
- En segundo lugar, que aquellos contratos que se encuentran por debajo del precio/m² del parque público de vivienda se puedan actualizar en un plazo de cinco años hasta llegar al precio establecido por parroquia.
- Y, en tercer lugar, que en el caso que un inquilino decida marcharse del piso donde está, que para el nuevo contrato se tenga que tomar como referencia el contrato anterior.
La formación también plantea que no se pueda expulsar a ningún inquilino/a de su vivienda habitual si este/a no ha incumplido ninguna cláusula contractual o ha impedido la buena convivencia.
El grupo parlamentario complementa estas propuestas con otras medidas legislativas que ya defiende desde hace tiempo para detener la escalada de precios del inmobiliario, como una moratoria a la inversión extranjera inmobiliaria y aumentar el impuesto de plusvalías (que actualmente es de un 5% en las compraventas entre dos y cinco años, uno de los porcentajes más bajos de Europa).
“Se trata de una ley de supervivencia política”, ha expresado el presidente del grupo parlamentario, Cerni Escalé, que ha pedido medidas más atrevidas por parte del Ejecutivo para frenar las situaciones de abuso de mercado. Como acompañamiento, se plantea una política de contención migratoria con una reducción de las cuotas de inmigración, para llegar a una situación de equilibrio demográfico en 2030, ya que un crecimiento poblacional como el actual (un 10% en 3 años) no es sostenible.
Con datos del Departamento de Estadística, Concòrdia ha justificado estas propuestas y ha recordado que cada vez es más difícil vivir en Andorra con un salario cercano al mediano (2.298 euros mensuales), a pesar de las medidas implementadas por el Gobierno desde el año 2023.
Un ejemplo con precios actualizados en marzo de este año (26 euros/m²): para un piso de 80 m², una persona que cobre cerca del salario medio, la sobrecarga económica que le supone el alquiler de su piso es de un 95%. Núria Segués ha alertado que ante esta situación, la descongelación de los alquileres derivará en una situación muy injusta “con dos realidades dentro del mismo mercado”: por un lado, contratos congelados con cierta protección; y, por el otro, nuevos contratos con precios de alquiler desbocados frutos de la congelación del año 2023. También ha augurado una situación preocupante a partir de 2030, cuando la desregulación de los alquileres sea completa, según la nueva ley que plantea el Ejecutivo. “Nos encaminamos a sufrir el mismo problema y a continuar prorrogando medidas de urgencia para proteger el mercado”, ha expresado.
Finalmente, Cerni Escalé ha aprovechado para pedir celeridad con el Registro de la Propiedad y la aplicación efectiva del impuesto a los pisos vacíos. Además, teniendo en cuenta que con esta nueva ley, el registro de los contratos de arrendamiento dependerá directamente del Ministerio de Economía y Vivienda, y no del Instituto Nacional de la Vivienda (INH), Concòrdia ha aprovechado para denunciar la duplicidad de estructuras que dependen del Gobierno.
