La parroquia de Andorra la Vieja ha solucionado el ruido que provocaban tres tapas de alcantarilla en el punto de confluencia entre la avenida Santa Coloma y Ciutat de Valls, una molestia que vecinos de la zona aseguran que sufrían desde hacía meses cada vez que pasaban vehículos.
La intervención llega después de que uno de los afectados decidiera hacer pública la queja colgando carteles en diferentes puntos de la parroquia, cansado, según explicó, de haber trasladado el problema en varias ocasiones a diferentes departamentos comunales sin obtener ninguna respuesta efectiva.
El caso, avanzado por el 'Diari d’Andorra', ha tenido una segunda derivada. A pesar de haber reparado la incidencia, la parroquia también ha advertido al vecino que podría ser sancionado con 500 euros por haber colgado los folios en la vía pública sin autorización.
Una queja por un ruido “insoportable”
El cartel denunciaba el ruido generado por el paso de los coches por encima de las tapas defectuosas, una molestia que el vecino definía como “insoportable, tanto de día como de noche, las 24 horas del día”.
En el mismo escrito, dirigido al cónsul mayor, Sergi González, el afectado justificaba la protesta pública asegurando que ya había comunicado el problema varias veces a la parroquia, sin que se hubiera resuelto.
Tras la publicación de los hechos, la corporación ha actuado sobre las tapas de alcantarilla y ha puesto fin al ruido. El cónsul, sin embargo, habría defendido ante el vecino que la reparación ya estaba prevista y que no tenía relación con la colocación de carteles.
Posible multa de 500 euros
Ahora, la parroquia amenaza con multar al vecino por su queja. La base legal que podría usar la parroquia es la ordenanza reguladora de convivencia ciudadana, medio ambiente e higiene, aprobada en 2018. El texto establece que no se puede utilizar el mobiliario urbano para colocar carteles, rótulos o adhesivos sin autorización previa.
Esta infracción tiene la consideración de falta leve y puede comportar una sanción de 500 euros, una cantidad que podría aumentar en caso de reincidencia.
Según la información publicada por el 'Diari d'Andorra', el vecino fue convocado telefónicamente a una reunión con el cónsul mayor, en la que también había responsables de Circulación, Urbanismo y del ámbito legal de la parroquia. Durante el encuentro se le reprocharon las formas utilizadas y se le comunicó que la posible sanción se trataría en una próxima junta de gobierno.
Dudas sobre el procedimiento
El caso también ha abierto dudas sobre la manera como el común habría gestionado la advertencia al ciudadano. Fuentes jurídicas consultadas por el diario apuntan que, en un procedimiento administrativo sancionador, es necesario abrir un expediente, notificar formalmente el pliego de cargos y dar al afectado la posibilidad de presentar alegaciones antes de resolver.
Otro de los puntos controvertidos es cómo se identificó al autor de los carteles. Según la información publicada, el común lo habría hecho a través de las cámaras de videovigilancia, hecho que ha generado preguntas sobre el uso de estas imágenes para determinar quién había colgado unas hojas de queja sin contenido ofensivo ni amenazador.
El vecino, por su parte, defiende que no se escondió y que actuó a plena luz del día. Una vez resuelta la incidencia, también habría retirado los carteles que aún no habían sido quitados por el personal comunal.