Mientras se acercan las elecciones, el Gobierno acelera el anuncio de nuevas plazas de funcionariado. En las últimas semanas se han hecho públicas nuevas convocatorias para aduaneros, procesos en marcha para ampliar el cuerpo de policía y la incorporación de una treintena de docentes al sistema educativo. A todo ello habría que sumar una evidencia que nadie discute abiertamente: faltan muy urgentemente médicos, faltan bomberos y, con el estado actual de los bosques y el aumento del riesgo de incendios, también habrá que reforzar el cuerpo de banders. Y, mientras tanto, con una población que no para de crecer y unas colas cada vez más largas en cualquier administración, como en Tributs, todo apunta a que también será necesario incorporar más personal administrativo.
El problema, sin embargo, no es solo cuantitativo. Andorra ha pasado de ser un país donde la relación con la administración era ágil, fácil y relativamente directa, a convertirse en una maquinaria pesada y excesivamente burocratizada. Hoy, para un simple trámite, el ciudadano a menudo tiene la sensación de que hacen falta tres o cuatro funcionarios para gestionar un solo papel. La administración ha crecido hasta convertirse en una especie de megaestructura, un monstruo imparable que no para de pedir más recursos pero que no mejora de manera perceptible el servicio que presta. Y solo habría que mirar lo que está pasando en Francia para ponernos en guardia....
Las colas continúan alargándose, los trámites en línea —que deberían ser una solución— no son ni intuitivos ni fáciles, y a menudo acaban obligando al ciudadano a desplazarse igualmente a una ventanilla para que le expliquen cómo demonios se hace esa gestión. La digitalización, tan anunciada, no ha ido acompañada de una simplificación real de los procedimientos, sino más bien de una capa adicional que ha causado complejidad a lo que ya existía.
A este crecimiento desmesurado se añade otro elemento delicado: la política salarial. El jefe de Gobierno ha prometido sueldos a la administración muy por encima de los precios de mercado, una decisión que, más allá de su popularidad, tiene efectos colaterales evidentes. Los impuestos deberán pagar este salario de más y las empresas privadas lo tienen cada vez más difícil para encontrar trabajadores, especialmente en sectores clave, porque no pueden competir con unas condiciones públicas que el mercado no puede asumir.
Y el círculo se cierra solo. Si suben los salarios, sube el gasto público. Si aumenta el número de funcionarios, hacen falta más edificios, más equipamientos, más estructura. El globo no para de hincharse, mientras nadie parece querer abrir el debate de fondo: hasta qué punto esta expansión es sostenible y, sobre todo, si realmente está mejorando el funcionamiento del Estado o solo está agrandando su carcasa. Vienen elecciones y habrá que ver qué partido se atreve a abrir la caja de Pandora, si es que no hacen ver todos juntos que la caja de Pandora no existe para no perder un gran porcentaje de voto.
