Los Mossos d'Esquadra procedieron este martes a la detención de una administradora de fincas y su compañero sentimental en Amposta, acusados de haber defraudado cerca de 40.000 euros a diversas comunidades de vecinos ubicadas en La Ràpita.
Según han informado las autoridades, se trata de una mujer de 47 años y un hombre de 53, a los cuales se imputan los presuntos delitos de administración desleal, apropiación indebida, estafa y falsificación documental.
El origen del caso radica en múltiples denuncias presentadas por los presidentes de diferentes comunidades propietarias en la Ràpita que detectaron operaciones bancarias no autorizadas. Los denunciantes aseguraban que la responsable administrativa efectuaba transferencias sin su consentimiento hacia cuentas personales o vinculadas con otras comunidades bajo su gestión, hecho que complicaba la identificación de los movimientos fraudulentos.
En un primer episodio, una comunidad denunció la apropiación irregular de cuotas mensuales durante un período aproximado de tres años, provocando una pérdida económica superior a los 6.300 euros. Por otro lado, una segunda comunidad detectó a lo largo del 2025 hasta tres transferencias no autorizadas que sumaban más de 2.600 euros. Asimismo, los responsables de una tercera comunidad informaron sobre quince transferencias presuntamente fraudulentas realizadas durante el año 2025, por un importe global superior a los 10.500 euros.
Diversas transferencias incluían conceptos relacionados con trabajos o servicios que, según las declaraciones de los afectados, nunca se llegaron a ejecutar. Las indagaciones policiales han confirmado que parte de los fondos desviados se traspasaban a cuentas bancarias de titularidad directa o compartida entre la principal sospechosa y el otro detenido; también se ha detectado el uso de facturas falsificadas o documentos vinculados con servicios no prestados.
Más casos bajo investigación y importe total defraudado
Además de los casos ya denunciados formalmente, los Mossos tienen constancia de otros expedientes abiertos por hechos similares que podrían afectar a varias otras comunidades del territorio. Este conjunto ampliaría el importe total presuntamente sustraído hasta superar los 39.000 euros.
A partir de los indicios recogidos durante la investigación, las fuerzas policiales arrestaron a la mujer como presunta autora de los delitos de administración desleal, apropiación indebida, estafa y falsificación documental. El acompañante fue detenido como presunto responsable de los delitos de estafa y falsificación documental. El proceso judicial continúa abierto y no se descarta que puedan surgir más víctimas entre las diferentes comunidades gestionadas por los implicados.