El gobierno municipal de Tortosa ha querido aclarar que no ha perdido los 485.748,29 euros correspondientes a la subvención concedida para la creación y el funcionamiento de los dos hogares infantiles municipales situados en los barrios de Ferreries y del Temple. Esta precisión llega después de que el grupo político Junts per Tortosa hiciera declaraciones este miércoles cuestionando la gestión de los fondos
En este sentido, el ejecutivo local reafirma el posicionamiento expresado ya el pasado 22 de diciembre, cuando la oposición planteó una denuncia similar. Cabe destacar que los 400.000 euros inicialmente destinados al funcionamiento de estos equipamientos no pudieron ser utilizados porque la convocatoria establecía como requisito iniciar la actividad durante el curso escolar 2024-2025, mientras que las guarderías abrieron puertas en septiembre de 2025
Además, el gobierno insiste en que la construcción y puesta en marcha de estas instalaciones se llevó a cabo en un plazo excepcionalmente breve —tan solo dos años y medio— un hecho especialmente relevante si se tiene en cuenta que estos barrios esperaban estas infraestructuras desde hacía más de cuatro décadas.
Sobrecostos y retornos económicos
Por otro lado, se ha puntualizado que los 100.000 euros devueltos adicionales son porque, cuando se adjudicaron las obras de las dos guarderías, el precio de adjudicación de los proyectos fue inferior al presupuesto que se había contemplado para el concurso público.
Avances históricos para el municipio
La administración local remarca con fuerza que durante este mandato se ha alcanzado un hito inédito: se han podido proyectar, licitar, construir y poner en funcionamiento las primeras guarderías municipales de Tortosa. Asimismo, recuerda críticamente que el gobierno anterior desaprovechó dos convocatorias de las ayudas provenientes de la Generalitat sin presentar ningún proyecto.
Diversidad en la gestión pública contra la privada
También se pone énfasis en que el anterior ejecutivo liderado por Junts per Tortosa tenía intención de otorgar directamente la adjudicación a una entidad privada sin seguir los procedimientos legales exigidos por el concurso público obligatorio. En palabras textuales del gobierno actual: "lo que pretendía hacer el gobierno anterior era hacer una adjudicación directa a una entidad privada, sin el necesario concurso público que prevé la ley".