El Pleno municipal de ayer por la tarde en el Ayuntamiento de Solsona supuso el pistoletazo de salida para la promoción de más de 50 pisos de protección oficial en la ciudad. Con los votos favorables del equipo de gobierno (ERC y ApS-CUP), la abstención de Treballem per Solsona y el posicionamiento contrario de Junts, se aprobó iniciar el expediente de cesión gratuita y directa del derecho real de superficie del solar del número 4 de la calle de Antoni Gaudí a las entidades Sostre Cívic y Hàbitat3 por un período de 75 años.
Tal como establece el convenio a tres bandas del Ayuntamiento con estas entidades, la promoción y gestión del edificio correrá a cargo de la cooperativa Sostre Cívic y la Fundación Hàbitat3, que también asumirán íntegramente la financiación, sin ninguna aportación económica de las arcas municipales. Esta promoción, además, podrá beneficiarse de las ayudas y programas de financiación pública previstos por el Plan 50.000 de la Generalitat de Catalunya.
La adjudicación directa a promotoras sociales, sin ánimo de lucro, según defendió ayer la concejala de Vivienda, Pilar Viladrich, “es la manera más ágil, rápida y segura de no dejar en manos especulativas la construcción de vivienda pública de alquiler”. El solar, de 2.528 metros cuadrados de superficie, seguirá siendo de titularidad municipal y, una vez transcurrida la vigencia del derecho de superficie, el edificio construido también lo será.
Participación municipal en la planificación y seguimiento
El gobierno municipal remarcó que el paso de ayer supone el inicio del proceso. De acuerdo con el convenio, a partir de aquí se constituirá una comisión de seguimiento, de la cual formará parte el Ayuntamiento, para la planificación y la ejecución del proyecto y de las obras. Pilar Viladrich recordó que el consistorio no tendría este control si la promoción corriera a cargo de empresas privadas o de la Generalitat de Catalunya.
Las dos formaciones de la oposición, sin embargo, no ven con buenos ojos el convenio. Tanto Junts per Solsona como Treballem per Solsona coinciden en la necesidad de promover nueva vivienda social en la ciudad, pero “no de cualquier manera ni a cualquier precio”, en palabras de la portavoz de Junts, Núria Bonet. Para su homólogo de Treballem, Marc Barbens, “el convenio defiende más los intereses de estas entidades que los de la ciudad”. Tanto es así que estos grupos incluso pidieron la retirada de este punto del orden del día.
La oposición lamenta que “se hipoteque” el solar de la calle de Antoni Gaudí, el más valioso del patrimonio municipal y que se podría destinar a otros fines, a pesar de disponer de otros solares que han sido cedidos al Ayuntamiento donde solo se puede construir vivienda de protección oficial.
Entre otras críticas, Junts y Treballem también temen que esta promoción agrave la falta de aparcamiento en la zona, ya que el convenio no obliga a preverlo; reprochan que no se haya consultado a los vecinos del lugar, y que no se concrete la tipología de viviendas que se proyectarán, ni el perfil de los beneficiarios, ni los precios. Igualmente, dicen sentirse “engañados” con un convenio en el que no han podido participar y que no dispone de informes técnicos ni de Secretaría.
El ejecutivo local defiende que “este solar es el único que puede dar respuesta a la extrema necesidad de vivienda de Solsona, en tanto que en el más grande de los otros de que dispone se pueden construir un máximo de 17 pisos”. “Lo que hacemos, precisamente, es revalorizar este suelo”, manifiesta Pilar Viladrich.
“Nuestra obligación”
La alcaldesa, Judit Gisbert, reiteró que “la vivienda es un problema gravísimo”. “Y, por lo tanto, destinar el mejor patrimonio que tenemos a darle respuesta no es solo nuestra manera de hacer sino nuestra obligación”. La batllesa insistió en que apenas “empezamos a caminar” y “se trabajará conjuntamente para definir cuál será el proyecto, cómo serán las viviendas” y para dar respuesta a todo el resto de dudas, incluida la solución sobre la necesidad de aparcamiento.
Este punto centró el debate político de la sesión plenaria de ayer y evidenció las divergentes interpretaciones de un mismo convenio. Para unos, benefician a las entidades promotoras, mientras que los otros recuerdan el acuerdo con dos entidades sin ánimo de lucro que debe permitir conseguir 50 viviendas de alquiler social “con una fórmula de éxito” que se ha implementado en otras ciudades del país.
La idea es disponer de un anteproyecto del edificio en un plazo máximo de cinco meses desde la firma del convenio y, posteriormente, hacer una presentación pública a la ciudadanía.
