En la sesión plenaria celebrada el jueves por la tarde, el Pleno del Ayuntamiento de Solsona acordó aplicar una bonificación del 80% sobre el impuesto de obras, construcciones e instalaciones (ICIO) a tres actuaciones consideradas de especial interés por sus ámbitos educativo, sanitario o asistencial.
Concretamente, esta reducción fiscal se aplicará a los trabajos impulsados por el Departamento de Educación, que tienen como objetivo optimizar la recogida de aguas pluviales en la cubierta de la escuela Setelsis. También se beneficiarán las obras realizadas en el Centro Sanitario del Solsonès, donde se ha modificado la orientación de los ventiloconvectores y mejorado el sistema de aislamiento acústico de los equipos de climatización.
Bonificación adicional por placas solares
Además, se aprobó otra ayuda fiscal para la instalación de placas solares en la residencia Pere Màrtir Colomés. En este caso, se sumará un 20% más de bonificación —añadido al 60% ya concedido según el tipo de actuación— para fomentar las energías renovables en equipamientos asistenciales.
Todos estos acuerdos fueron ratificados por unanimidad durante una sesión plenaria que duró solo siete minutos. Además, se prorrogaron otras medidas importantes como la vigencia del Plan interno de igualdad entre hombres y mujeres (2021-2025), mientras se redacta un nuevo documento; y se revisó el padrón municipal de habitantes con datos actualizados hasta el primer de enero de 2025, fijando la población oficial en 9.717 personas.
La exigencia del Plan municipal de vivienda
Las discrepancias políticas emergieron durante el turno de ruegos y preguntas presentado por los grupos municipales opositores. El principal reclamo fue firmado por el grupo Junts per Solsona, que denunció la demora en presentar el Plan municipal de vivienda.
Núria Bonet, portavoz del grupo, recordó que han pasado seis meses desde que este plan fuera retirado del Pleno de julio por contener “errores garrafales”. Bonet cargó contra la concejala responsable Pilar Viladrich asegurando que no ha asumido responsabilidades: “Exigimos que nos presenten la versión definitiva en el próximo Pleno”, declaró.
Ante estas críticas, Viladrich defendió que están trabajando simultáneamente en diferentes frentes vinculados con vivienda pública y rehabilitación urbana: “El plan se acabará según los servicios realizados”, explicó. La alcaldesa Judit Gisbert también intervino apuntando que “el gobierno está cumpliendo con creces” y lamentando que Junts quiera convertir este tema en una batalla política: “Anuncié que lo volverían a llevar al Pleno y así será”.
La mediación externa para el conflicto vecinal genera debate
Otro punto controvertido fue el uso contratado por parte del Ayuntamiento de un servicio externo de mediación para resolver un conflicto entre una serrería situada en el sector Creu de Sant Joan y los vecinos afectados.
Tanto Junts per Solsona como Treballem per Solsona criticaron esta decisión argumentando que corresponde a los responsables políticos encontrar soluciones directas: “No podemos depender siempre de mediadores externos cuando hay problemas entre particulares”, según Elis Colell (Junts).
La alcaldesa Gisbert respondió señalando que el equipo gubernamental mantiene reuniones periódicas con ciudadanos, pero considera este caso especialmente complejo y enquistado porque requiere ayuda especializada externa. La concejala Viladrich también añadió: “Utilizar servicios externos no implica delegar decisiones ni perder competencias”.
