El decreto ley propuesto por el gobierno español, que pretendía establecer límites a los precios de servicios o productos durante situaciones de emergencia que modificaran "de manera excepcional" la oferta y la demanda, ha sido tumbado este jueves gracias a los votos contrarios del Partido Popular (PP), Vox y Junts. Esta medida, desarrollada por el Ministerio de Consumo, nació a raíz del grave accidente ferroviario ocurrido en Adamuz (Córdoba), un suceso trágico que provocó un aumento considerable de los costes de los transportes alternativos tanto aéreos como por carretera.
Los precios de los VTC durante el apagón o los billetes de avión por el accidente de Adamuz subieron repentinamente
Durante el debate parlamentario, el ministro Pablo Bustinduy puso énfasis en que la iniciativa respondía a un "clamor social", motivado también por otros episodios como la DANA que afectó a Valencia o el apagón general del año pasado. "Los incrementos abusivos en ningún caso eran por incrementos de costes de funcionamiento", señaló con contundencia.
Bustinduy denunció que empresas aprovecharon estas circunstancias para obtener beneficios "inaceptables" explotando "la necesidad y la vulnerabilidad de los consumidores". En concreto, mencionaba el sector de los transportes VTC, donde los precios pasaron de 25 a 90 euros durante el apagón. También destacaba que después del accidente de Adamuz se habían incrementado notablemente los costes de los billetes de avión y de los vehículos de alquiler o compartidos. "Una inmensa mayoría de nuestro pueblo compartió su indignación ante estos abusos", subrayó.
Posiciones políticas: Críticas a la medida por el "intervencionismo creciente
El diputado de Junts, Josep Maria Cruset, aun reconociendo que hay casos puntuales donde algunos aprovechan situaciones excepcionales para obtener ganancias "exageradas", ha argumentado que es necesario disponer de mecanismos para evitarlo. A pesar de ello, ha alertado que el decreto presentado no cumple este objetivo porque otorga demasiado "poder" al gobierno en una cuestión con impacto directo sobre la ciudadanía. Ha calificado la propuesta como "temeraria" y ha denunciado que España se encuentra inmersa en una etapa de "intervencionismo creciente, más propio de Venezuela".
Por otro lado, desde el PP, la diputada Pilar Alía ha manifestado que intervenir los precios acaba restringiendo la oferta y generando escaseces o una degradación cualitativa. Según Alía, resulta preocupante ver cómo bajo este ejecutivo cada martes son aprobados reales decretos experimentales afectando directamente la economía española: "Cada martes, 22 ministros experimentan con reales decretos y con los españoles y su economía".
Además, desde Vox han calificado esta propuesta como resultado de un gobierno “de izquierda populista” que gobierna “a golpe de decreto” bajo influencias mediáticas superficiales.
ERC defiende la intervención estatal
A diferencia de los grupos anteriores, la diputada de Esquerra Republicana (ERC), Inés Granollers, ha defendido firmemente el proyecto afirmando que permite evitar que el Estado actúe como un simple “espectador” ante abusos mercantiles: “Hay que intervenir más a menudo en esta dirección, ministro”, le ha reclamado directamente. Además ha añadido la necesidad de introducir medidas complementarias en materia fiscal. Para Granollers: “Regular los mercados y limitar márgenes en tiempos de crisis es hacer política útil para la clase trabajadora”.
Bustinduy lamenta el bloqueo político opositor
Ante el resultado final -172 votos a favor contra 177 en contra-, el ministro Pablo Bustinduy no ha ocultado su decepción asegurando que tanto derecha como ultraderecha han hecho “bloque una vez más” oponiéndose a los intereses ciudadanos en aspectos clave como el escudo social o la regulación de los precios durante emergencias. Con ironía amarga comentaba: “La próxima vez que haya una emergencia y multinacionales extranjeras se aprovechen de la vulnerabilidad para lucrarse sin límite y con total impunidad, que le den las gracias al PP y Vox, que lo han votado”. Finalmente reafirmaba su compromiso para continuar trabajando contra estos “abusos flagrantes” hacia consumidores y ciudadanos.