El Gobierno y las comunidades autónomas del régimen común se reunirán este miércoles en el primer Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de 2026, un encuentro clave para activar el proceso de aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica, después de que el actual esté caducado desde 2014.
La reunión, presidida por la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, toma como punto de partida el acuerdo negociado entre el ejecutivo español y ERC, que plantea un mecanismo que combina la “singularidad” de Cataluña con la solidaridad entre territorios. El PP ya ha mostrado una oposición frontal al modelo, que define como un “cupón independentista”, pero no ha presentado ninguna propuesta alternativa.
“No es un privilegio para Cataluña”
Desde el gobierno español subrayan que el acuerdo escenificado la semana pasada en la Moncloa entre Pedro Sánchez y Oriol Junqueras da cumplimiento al compromiso adquirido en la Conferencia de Presidentes de Barcelona de dotar a todas las comunidades de más recursos. “No es un traje a medida ni un privilegio para Cataluña”, señalaban fuentes del ejecutivo, que destacan que el modelo aumenta los recursos para el conjunto de territorios y avanza en una nueva distribución de impuestos como el IVA o el IRPF.
Objetivo: aprobación antes del verano
Una vez celebrado el CPFF —donde Montero expondrá la propuesta a unas comunidades mayoritariamente gobernadas por el PP—, el gobierno español prevé aprobar el nuevo sistema en el Consejo de Ministros como anteproyecto de ley orgánica. Posteriormente, el texto deberá recibir los informes preceptivos y llegar al Congreso como reforma de la Lofca.
El trámite parlamentario se prevé complejo: PP y Vox votarán en contra, Junts rechaza cualquier modelo que no sea un concierto económico completo y otros socios, como el BNG, también han expresado reticencias. Aun así, desde el ministerio de Hacienda mantienen la voluntad de cerrar un acuerdo antes del verano.
Las cifras del nuevo modelo
Entre los principales cambios, el gobierno propone aumentar la capacidad de gestión autonómica del IRPF y el IVA hasta el 56,5%. También se modifican los criterios de población ajustada y los mecanismos de compensación territorial.
Según Montero, si el sistema entra en vigor en 2027, supondrá 20.975 millones de euros más para las comunidades autónomas, de los cuales 4.686 millones serían para Cataluña, el 22,3% del total.
Dura oposición del PP
Las comunidades gobernadas por el PP han intensificado las críticas los últimos días. Madrid asegura que el modelo busca pagar “la fiesta independentista” y que dejará a sus ciudadanos con “la mitad de los recursos que tienen los catalanes”. Aragón considera que es una “imposición” pactada con “un prófugo y un delincuente como Junqueras”.
Desde la dirección estatal del PP, el modelo es “una patada a la unidad de España”. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, lo calificó de “inaceptable”, de “una falta de respeto” y de “una tomadura de pelo” a los catalanes, y defendió que la reforma se debe pactar en el CPFF y no bilateralmente.
El gobierno español, sin embargo, reprocha al PP que “no tiene modelo”. El viernes, Montero afirmó que los populares tienen posiciones dispares y que “Feijóo no tiene suficiente liderazgo para poner una propuesta sobre la mesa”. El sistema también ha generado críticas en comunidades gobernadas por el PSOE, como Castilla-La Mancha o Asturias. El presidente manchego, Emiliano García-Page, advirtió que se trata de un “ataque grave” a la igualdad de los españoles
Cataluña defenderá el sistema
Según el ejecutivo español, el nuevo modelo “tiende a la ordinalidad” y, en el caso de Cataluña, “garantiza” este principio, una de las exigencias de ERC. Además, Montero asegura que el sistema se adaptará a las “singularidades” de todas las comunidades a través de la población ajustada, que tiene en cuenta factores como el envejecimiento o la dispersión territorial.
Esta será una de las líneas de defensa de la consejera de Economía, Alícia Romero, en el CPFF. En la misma línea, la portavoz del Govern, Sílvia Paneque, ha advertido que sería “poco comprensible” que los representantes autonómicos hicieran una “performance alejada de la seriedad”.
La Generalitat calcula que el nuevo modelo permitiría a Cataluña alcanzar los 5.200 euros por habitante en población ajustada, 1.700 euros más que los 3.408 actuales, aumentar un 12% el gasto no financiero no finalista y resolver “parcialmente la infrafinanciación de los últimos 13 años”.
Este miércoles, además, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, se desplazará a Madrid, donde por la tarde se reunirá con CCOO y UGT.