El juez Juan Carlos Peinado se jubila este domingo, después de haber remitido Begoña Gómez a juicio por los delitos de malversación y tráfico de influencias. Este sábado, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publica la retirada forzosa por edad del magistrado, que ha alcanzado los 72 años, el límite legal para los jueces en activo.
Hasta que asumió el caso de la mujer de Pedro Sánchez, Peinado era un nombre casi desconocido para la opinión pública. Ahora pone fin a su carrera judicial tras cerrar una instrucción que se ha alargado más de dos años, ha condicionado la agenda política y ha nacido a raíz de una denuncia del pseudosindicato Manos Limpias. La causa ha tenido hasta siete investigados y ha llegado a acumular cinco delitos, de los cuales solo siguen vivos dos.
La jubilación forzosa, publicada por el BOE
El BOE de este sábado hace público el acuerdo de 23 de junio de 2026 de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que se declara la jubilación forzosa de Juan Carlos Peinado García, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. La fecha de cumplimiento de la edad legal establecida es el 27 de septiembre de 2026.
La denuncia de Manos Limpias, en abril de 2024
El origen del caso se encuentra en abril de 2024, cuando Manos Limpias presentó en los juzgados de Madrid una denuncia contra Gómez por “recomendar o avalar con su firma a empresarios que se presentaban a licitaciones públicas” aprovechando su condición de esposa de Sánchez.
Peinado asumió la investigación desde su juzgado y abrió diligencias contra Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios, vinculadas a sus actividades profesionales en la Universidad Complutense de Madrid (UCM), donde codirigió una cátedra, y en el Instituto de Empresa (IE).
El inicio de la causa tuvo un impacto inmediato en el escenario político, después de que Sánchez anunciara que se tomaba cinco días de reflexión en una carta dirigida a la ciudadanía. “No me causa rubor decir que soy un hombre profundamente enamorado de mi mujer y que vive con impotencia el fango que se esparce sobre ella día sí y día también”, apuntó.
Sucesivas ampliaciones de los delitos
Con el paso de los meses, el magistrado fue ampliando los delitos atribuidos a Gómez. En octubre de 2024 la acusó de apropiación indebida y de intrusismo profesional; en agosto de 2025 añadió la malversación, y en abril de 2026 decidió cerrar la instrucción retirando el delito de intrusismo profesional.
En el marco de las diferentes líneas de investigación abiertas, Peinado solicitó también que se investigara al ministro de Justicia, Félix Bolaños, una petición que el Tribunal Supremo (TS) rechazó por falta de indicios. Además, puso el foco sobre el delegado del gobierno español en Madrid, Francisco Martín Aguirre, una pieza que la Audiencia de Madrid acabó archivando.
De hecho, la Audiencia madrileña ha dejado sin efecto varias resoluciones del juez. En diciembre de 2025 impidió que reclamara todos los correos que Gómez “recibió y envió desde la Moncloa”, y meses después retiró dos de los delitos por los que Peinado quería llevarla a juicio: el de corrupción en los negocios y el de apropiación indebida.
Polémica política y quejas al CGPJ
Los movimientos del magistrado han marcado buena parte de la agenda política española de los dos últimos años. Tanto el PSOE como el gobierno español han calificado la instrucción de “persecución política”, mientras que el PP y Vox la han convertido en un argumento para reclamar la dimisión de Sánchez.
Por parte del ejecutivo, Bolaños ha presentado varias quejas al CGPJ, todas archivadas, por la actitud “reprobadora” que asegura que el juez mantuvo con él cuando le interrogó como investigado en la Moncloa. Este viernes, el ministro acusó al Consejo General del Poder Judicial de buscar "la impunidad total" de Peinado.
Los escoltas de Gómez y la referencia a Fernando VII
Entre las controversias más destacadas están las declaraciones que el magistrado hizo este verano sobre los escoltas de Gómez. Insinnuó que “podrían colaborar en una eventual huida de la investigada” y acordó retirarle el pasaporte alegando riesgo de fuga.
Sus palabras provocaron quejas de los sindicatos policiales, elevadas al CGPJ, y obligaron al juez a matizarlas. Aseguró que no pretendía “ofender” a los agentes. Posteriormente, la justicia concluyó que aquellas expresiones no constituían ninguna falta disciplinaria.
Otro episodio polémico llegó cuando Peinado comparó el caso de Gómez con “el absolutismo” de Fernando VII. “Las conductas que provienen de palacios presidenciales como este parecen más propias de regímenes absolutistas, que, por suerte, ya están olvidados en el tiempo en nuestro Estado”, dijo al cerrar la instrucción.
Coincidencia con la agenda internacional de Sánchez
La instrucción también ha estado marcada por la coincidencia de diversas resoluciones con los viajes internacionales de Sánchez. Entre otros episodios, Peinado procesó a Gómez cuando ambos estaban en China en una visita institucional y amplió su imputación mientras estaban en la India, también en un desplazamiento oficial.
Igualmente, decidió investigar a Bolaños mientras Sánchez participaba en la cumbre de la OTAN en La Haya, en junio de 2025, e impidió que Gómez viajara a la cumbre celebrada este año en Ankara (Turquía), en julio. La decisión del pasado lunes de enviar a Gómez a juicio coincidió con la presencia del presidente en la asamblea de la ONU en Nueva York.
Juicio con jurado popular
Después de más de dos años de instrucción, Peinado acordó este lunes enviar a Gómez a juicio con jurado popular, junto con su asesora, Cristina Álvarez, que será juzgada por malversación de fondos públicos. El magistrado remitió el expediente a la Audiencia Provincial de Madrid, que será la encargada de asumir el futuro juicio.
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