El futuro sueldo de más de tres millones de trabajadores públicos entra en una fase decisiva después de que el ejecutivo español haya abierto la puerta a un incremento salarial del 10% repartido entre 2025 y 2028. La propuesta ha trascendido tras la reunión mantenida este martes entre los principales sindicatos y la secretaría de Estado de Función Pública, María Hilda Jiménez, en un encuentro que ha dejado más dudas que certezas.
Según fuentes sindicales, el Gobierno plantea que el aumento no supere el 4% en los dos primeros años, una cifra que no ha convencido en absoluto a las organizaciones. “Así es muy difícil avanzar. No garantiza que los empleados públicos mantengan su poder adquisitivo”, ha lamentado Isabel Araque, secretaria general de UGT Serveis Públics. Las centrales exigen incrementos vinculados al coste de la vida y alertan de que los precios continúan persiguiendo los salarios.
El Ministerio de Transformación Digital y Función Pública, aunque evita concretar porcentajes, admite que la reunión ha servido para empezar a definir el nuevo escenario retributivo. El proceso negociador se ha estructurado en bloques —salario, empleo y condiciones laborales— y desembocará en un acuerdo plurianual que quiere servir de hoja de ruta para una administración “más eficiente y cercana a la ciudadanía”.
A pesar de ello, los sindicatos recuerdan que el Gobierno llega tarde. Aseguran que han sido las movilizaciones de las últimas semanas las que han forzado la apertura de la negociación y alertan de que estarán “vigilantes” ante cualquier intento de limitar las subidas.
La próxima cita será este jueves, en un encuentro clave con CCOO, UGT y CSIF que podría empezar a desencallar la cifra final. Aun así, el pulso continúa vivo: el 10% propuesto no satisface a los representantes de los trabajadores, y la presión para conseguir un acuerdo que evite una pérdida salarial real será más alta que nunca.
