El Gobierno español ha aprobado este martes el techo de gasto no financiero para 2026, que se eleva hasta los 212.026 millones de euros, un incremento del 8,5% respecto al límite vigente de este 2025 (195.353 millones). Según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este paso “permite continuar avanzando en la elaboración de unos presupuestos que serán expansivos y responsables”.
Si se tienen en cuenta los recursos provenientes de los fondos europeos, la capacidad total de gasto del conjunto de las administraciones públicas llegará a los 216.177 millones de euros.
El gobierno también ha aprobado la senda de estabilidad 2026–2028, pieza clave para que las comunidades autónomas puedan elaborar sus presupuestos. Montero ha advertido al Partido Popular que su rechazo perjudicaría de manera directa a los gobiernos regionales: “Si no se aprueba, las comunidades perderán 5.485 millones”.
Unos presupuestos para reforzar el estado del bienestar
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero ha defendido que las cuentas del 2026 “continuarán reforzando el estado del bienestar”, y abordarán problemáticas como el acceso a la vivienda, “al mismo tiempo que serán acordes con las reglas fiscales y continuarán reduciendo el déficit y la deuda pública”.
El incremento del techo de gasto se traduce en 16.673 millones adicionales, una cifra que Montero ha calificado de “aumento significativo, pero prudente”.
El límite de gasto incluye: cerca de 23.000 millones en transferencias a la Seguridad Social, asumidas íntegramente por la administración estatal, y el último año (2026) con recursos de los fondos europeos post-Covid
Nuevo cuadro macroeconómico y objetivos fiscales: déficit del 2,1% en 2026
El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha presentado el nuevo marco macroeconómico, que acompaña el techo de gasto y la senda fiscal.
Para el período 2026–2028, el gobierno fija la siguiente trayectoria:
• Déficit del conjunto de administraciones públicas
• 2026: 2,1% del PIB
• 2027: 1,8%
• 2028: 1,6%
Por subsectores:
• Administración central: –1,8% en 2028
• Comunidades autónomas: –0,1%
• Entes locales: 0% (equilibrio)
• Seguridad Social: –0,2%
En cuanto a la deuda pública, el gobierno prevé que se situará en:
• 100,9% del PIB en 2026
• 100% en 2027
• 99,1% en 2028
Montero ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios a tener “altura de miras” y ha remarcado que “rechazar esta senda de estabilidad lo único que hace es perjudicar a los gobiernos autonómicos”.
Unos presupuestos condicionados a la aritmética parlamentaria
La ministra de Hacienda ha explicado que el Ejecutivo tiene previsto aprobar el proyecto de presupuestos generales del Estado (PGE) para 2026 en el Consejo de Ministros durante el primer trimestre del año que viene, con la previsión de someterlos a votación en el Congreso en abril o mayo.
El calendario, sin embargo, dependerá de la evolución de las negociaciones políticas y, especialmente, de la previsible negativa del Congreso a los objetivos de déficit, lo que obligará a una segunda votación antes de poder sacar adelante las cuentas.
Montero no dispone por ahora del apoyo de Junts ni de ERC, que vinculan su postura al avance del nuevo modelo de financiación autonómica. Aun así, la ministra se ha mostrado optimista: “El cumplimiento de los acuerdos permitirá conseguir la aprobación”.
Ha afirmado también que las futuras cuentas serán unos presupuestos “atractivos” para los socios de investidura: “Siempre salimos al terreno de juego a conseguir el resultado que queremos, y esperamos convencer a Junts y ERC y al resto”.
Llamamiento al diálogo y advertencia a los partidos
Durante la comparecencia, Montero ha insistido en la apuesta del gobierno por el consenso y ha pedido “confianza en un ejecutivo que sabe dialogar y poner énfasis en las políticas públicas”.
“Algunos piensan que tumbar una iniciativa del gobierno es bueno para el país”, ha criticado, advirtiendo que en realidad eso significaría “negar a la población incrementar partidas como las de la salud o las becas”. “Estos presupuestos no son para el gobierno, sino para los ciudadanos”, ha añadido.
Según la ministra, el proyecto presupuestario recoge las líneas maestras de un ejecutivo que “hace compatible el crecimiento económico con la mejora de las rentas salariales, las pensiones y las condiciones laborales”.
Financiación autonómica: hoja de ruta hacia febrero
Montero ha reiterado que presentará la propuesta del nuevo modelo de financiación en febrero, tal como se ha comprometido, y se ha negado a avanzar detalles más allá de los criterios que ya ha expuesto al Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El gobierno confía en que el desarrollo de este modelo contribuya a desbloquear las negociaciones con ERC y Junts y facilite la aprobación de los presupuestos.
