El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la nueva estrategia nacional contra la pobreza energética 2026-2030, un plan que pretende mejorar la eficiencia y justicia en la distribución del bono social eléctrico y térmico. Esta iniciativa incorpora mecanismos orientados a limitar que familias con ingresos elevados puedan acceder a estas ayudas, una cuestión que hasta ahora generaba controversia.
Objetivos y medidas principales
Según ha explicado el gobierno español, con los criterios vigentes actualmente «no todos los hogares con derecho o necesidad del bono acceden a él, mientras que algunos hogares que no lo necesitan sí que pueden disfrutarlo». Para corregir esta situación, el nuevo plan propone un conjunto de 13 medidas estructurales, diseñadas para asegurar un acceso universal, seguro, asequible y sostenible a la energía.
Asimismo, se incluyen políticas específicas para fomentar la rehabilitación de viviendas vulnerables mediante ayudas directas. Este aspecto resulta especialmente relevante en un contexto donde la cobertura del bono social ha experimentado un incremento superior al 60% desde el año 2018.