El director adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional, José Ángel González, ha comunicado su dimisión al Ministerio del Interior después de que el Juzgado de Violencia contra la Mujer número 8 de Madrid aceptara a trámite una querella por agresión sexual. Fuentes oficiales han confirmado que el comisario principal hará efectiva su renuncia en las próximas horas.
Detalles de la denuncia y las acusaciones
La demanda, interpuesta por una agente subordinada y expareja mediante el abogado Jorge Piedrafita, no solo acusa a González de agresión sexual con penetración sin consentimiento, sino también de coacciones, lesiones psíquicas y malversación de fondos públicos. Según se recoge en la denuncia, los hechos habrían ocurrido en abril del año pasado cuando la agente fue requerida durante su servicio para trasladar al comisario desde un restaurante hasta su residencia oficial, propiedad del Ministerio del Interior. En esta vivienda se habría producido la supuesta agresión que causó daños físicos y psicológicos a la denunciante. La mujer consiguió escapar tras sufrir el ataque.
Presiones y consecuencias para la denunciante
Tal como ha recogido La Vanguardia, la víctima manifiesta haber sufrido coacciones directas por parte de González y presión indirecta por parte de otros altos mandos policiales para evitar que presentara denuncia. Como consecuencia, ha experimentado una baja médica a causa de problemas psicológicos derivados del episodio. Además, le han retirado el armamento oficial y ha quedado incapacitada para ejercer sus funciones habituales.
Citación judicial y próximos pasos
Tanto la denunciante como José Ángel González están citados a declarar ante el juzgado madrileño el próximo 17 de marzo. El juez encargado considera que existen indicios suficientes que podrían confirmar delitos relacionados con una agresión sexual. A partir de ahora se procederá a realizar las diligencias necesarias para esclarecer los hechos denunciados. Por otra parte, el abogado representante ha solicitado al ministro Fernando Grande-Marlaska adoptar medidas urgentes para garantizar la protección integral de la denunciante.
