Un hombre tuvo que esperar casi un año y medio para ser atendido por un urólogo a pesar de sufrir dolores constantes en la zona de la próstata. Cuando finalmente fue explorado, el diagnóstico reveló un cáncer de próstata grave que requirió radioterapia y castración química para frenar el avance del tumor. El afectado denuncia que durante todo el proceso hubo “desorganización, falta de compromiso, negligencia, descoordinación entre servicios, falta de control de tiempo en la gestión de las citas, errores y fallos” en el centro hospitalario.
Según ha publicado el diario 'Las Provincias', el caso ha sido analizado por el Consell Jurídic Consultiu (CJC), órgano consultivo de la Generalitat Valenciana, que califica la situación como una “demora injustificable” e insta la Conselleria de Sanitat a indemnizar al paciente con 3.000 euros.
514 días de espera para tener cita con el urólogo
El paciente acudió por primera vez a su centro de salud en enero de 2022, cuando su médica de familia lo derivó al especialista. Sin embargo, no fue atendido por el urólogo hasta mayo de 2023, es decir, 514 días después de la primera interconsulta.
Durante este tiempo, el hombre regresó varias veces a su médica para reclamar la visita, sin obtener respuesta. Ante el empeoramiento de los dolores y la falta de cita, decidió presentarse personalmente en el hospital, donde finalmente le asignaron visita para el 23 de mayo de 2023.
Después de esta primera consulta, el especialista pidió nuevas pruebas y programó una biopsia para julio, que no se llegó a hacer. La intervención se aplazó hasta el 25 de octubre, hecho que llevó al paciente a presentar una queja formal ante el Servicio de Atención al Paciente.
Radioterapia y castración química para frenar el tumor
La biopsia, realizada finalmente en octubre de 2023, confirmó un adenocarcinoma de próstata de grado 3 sobre 4 y un nivel de agresividad 8, considerado avanzado y de alto riesgo. Los servicios sanitarios recomendaron radioterapia y castración química, tratamientos que se llevaron a cabo en el Instituto Valenciano de Oncología (IVO) y que concluyeron el 12 de enero de 2024.
Los informes médicos incluidos en el expediente apuntan a que la demora se debió a “falta de recursos de personal”. Aun así, la Inspección de Servicios Sanitarios sostiene que “no le han perjudicado en cuanto a pérdida de oportunidad en la atención a su problema de salud, ya que no se ha visto afectado el pronóstico de su enfermedad”. En la misma línea, el informe de Promede concluye que “el tiempo de demora entre el inicio del diagnóstico y el inicio del tratamiento no influyó en el pronóstico oncológico del paciente. Desde el punto de vista estrictamente médico se cumplió con la ley”.
El paciente, sin embargo, asegura que la espera le generó “depresión, angustia, ansiedad, insomnio, molestias urinarias y riesgo acumulado por la falta de prevención, que determinaron un diagnóstico más grave del que hubiera sido”. Inicialmente reclamaba una indemnización de 36.237 euros, pero el CJC determinó que la compensación adecuada era de 3.000 euros, atendiendo a los informes médicos y la jurisprudencia vigente.
El dictamen recuerda que, según el Tribunal Supremo, “no resulta suficiente la existencia de una lesión si no es posible atribuirla a una o varias infracciones de la ley” y que “no se puede apreciar la infracción, por muy triste que sea el resultado producido”. Aun así, el Consell Jurídic concluye que “hubo una demora injustificable en el tratamiento del paciente, plenamente imputable a los servicios sanitarios”, que le ocasionó “daños morales como angustia, congoja e insomnio”.
Finalmente, el informe también señala que el hospital asegura haber enviado cartas de citación que el paciente afirma no haber recibido. El CJC rechaza que esta circunstancia pueda justificar el retraso: “La Administración no puede ampararse en un presunto desconocimiento de las causas de la demora para justificar su retraso. Había otras vías para contactar con el paciente y programar la consulta”.