El presidente del Gobierno, Salvador Illa, y la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, han firmado este viernes en el Palau de la Generalitat el protocolo que permitirá a Cataluña gestionar 13.000 viviendas y más de 300 solares de la Sareb, el llamado ‘banco malo’. El acuerdo, que formaliza el anuncio hecho por Illa la semana pasada en el Parlament, supone una transferencia parcial del parque inmobiliario estatal para destinarlo a alquiler asequible y vivienda protegida.
La ministra Rodríguez ha destacado que Cataluña es “la comunidad que mejor trabaja en materia de vivienda”, y ha asegurado que “quien hace los deberes merece un mejor acompañamiento”. Illa, por su parte, ha remarcado que se trata de un acuerdo “muy deseado y reclamado” por los ayuntamientos y por la sociedad catalana, que llega después de una compleja negociación jurídica y administrativa.
Las 13.000 viviendas pasarán a ser usufructo de la Generalitat por un período inicial de cuatro años prorrogables, mientras que los 300 solares se incorporarán a la reserva pública de suelo durante 75 años. La Generalitat gestionará estos bienes para ampliar el parque de vivienda pública y social y acelerar la construcción de nuevos inmuebles.
“Damos un paso adelante relevante para garantizar el derecho a la vivienda. No dejaremos nada por hacer ni por explorar para revertir la emergencia residencial”, ha afirmado Illa, que ha reivindicado las políticas impulsadas por su ejecutivo. Rodríguez ha elogiado estas medidas, asegurando que “Cataluña lidera el cambio que otras comunidades deberían seguir”, y ha celebrado “la alineación de las políticas” entre la Generalitat y el Gobierno español.
El acuerdo prevé que la gestión de las viviendas y solares se haga por fases, según el estado de disponibilidad de los inmuebles. Todos los pisos se incorporarán al parque de vivienda protegida permanente destinado al alquiler asequible.
El Ministerio de Vivienda ha apuntado que este modelo de cogestión del parque estatal podría exportarse a otras comunidades autónomas, con el objetivo de impulsar políticas coordinadas para facilitar el acceso a la vivienda y frenar la especulación inmobiliaria.
El acuerdo, calificado de “histórico” por ambas partes, es también un gesto político de cooperación entre gobiernos después de meses de diálogo y supone una de las aplicaciones más ambiciosas de la cartera de viviendas de la Sareb a escala autonómica.