Los cinco sindicatos de la Mesa Sectorial de Educación —Ustec, ASPEPC-SPS, CCOO, CGT y UGT— han pedido formalmente este martes una reunión con la consejera de Educación, Esther Niubó, y con el Departamento de Economía para negociar sus condiciones laborales. Los sindicatos reclaman que el encuentro se celebre en un plazo máximo de quince días y, para forzar la negociación, han convocado una manifestación unitaria el sábado 15 de noviembre en el centro de Barcelona. Además, no descartan convocar “huelgas sostenidas” más adelante.
Las principales reivindicaciones del colectivo pasan por un aumento salarial del 25% al 30% para recuperar el poder adquisitivo perdido, reducir las ratios en las aulas, recuperar la democracia en los centros, mejorar la atención a la diversidad y disminuir la burocracia y la carga de trabajo.
Los sindicatos han entrado en el registro de Educación su petición y han leído un manifiesto ante los medios donde anuncian “un nuevo ciclo de lucha” y la puesta en marcha de un “nuevo proceso unitario de movilizaciones para defender la educación y conseguir mejoras laborales para todo el personal educativo del Departamento de Educación”. Reclaman “la apertura inmediata de una negociación real” para mejorar sus condiciones laborales y recuerdan que, después de años centrados en la estabilización de plantillas y la reversión de los recortes, es hora de “dar un paso adelante” para conseguir avances, especialmente en el ámbito salarial.
El manifiesto denuncia que el sistema educativo catalán sufre una falta de financiación crónica y que aún no se ha alcanzado el 6% del PIB en educación que marca la ley. Según los sindicatos, los docentes han perdido poder adquisitivo desde 2009 y son “los peor pagados de todo el Estado”, además de sufrir “sobrecarga de trabajo y burocracia” y una implantación de la escuela inclusiva “sin los recursos necesarios”.
También critican que el Govern haya desplegado “decretos que han generado pérdida de democracia en los centros, falta de estabilidad de las plantillas, abuso de interinidad, provisionalidad, cambios curriculares constantes sin consenso, cierres sistemáticos de grupos en la pública y ataques judiciales a la escuela en catalán”.